Enfermeras denunciaron anomalías en hospitales

Caracas.- La presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, denunció ayer la destitución de varios de sus compañeros que participaron en las protestas que se realizaron desde junio pasado en varios estados del país exigiendo mejores salarios y denunciando múltiples irregularidades en el sector.

Contreras dijo en rueda de prensa que los trabajadores de la salud que aún permanecen en sus puestos de trabajo han sido "fuertemente agredidos" por representantes del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), quienes supuestamente se han valido de cualquier excusa para echar a los empleados.

La enfermera señaló que solo por llegar tarde al sitio de trabajo "han destituido a ocho profesionales en el Hospital Miguel Pérez Carreño de Caracas".

Indicó también que fueron destituidos otros doce en el estado Lara (oeste) y que "además hicieron renunciar de manera forzosa a la licenciada Jennifer Serpa" a su cargo en el hospital en el que trabajaba por "ser una de las líderes" de las protestas en ese estado. Según dijo, a Serpa la amenazaban con llevarla "presa", publicó la agencia EFE.

PROCEDIMIENTO

Contreras aseguró que tiene reportes de "procedimiento de destitución" contra sus colegas en estados como Trujillo (oeste) y Vargas (centro), mientras que en Táchira (oeste) la situación de crisis en el país ha llevado a que una enfermera se ocupe de atender cuatro unidades de servicios con capacidad para 40 pacientes cada área.

Asimismo, recodó que el pasado 10 de diciembre, en el hospital José Gregorio Hernández de los Magallanes de Catia, ubicado en el oeste de Caracas, se registró otra irregularidad debido a que a las enfermeras de ese centro de salud les fue negado el acceso a jeringas para colocar tratamiento.

La enfermera informó que las enfermeras llevaban dos días sin poder colocar tratamiento a 85 pacientes, cinco de los cuales tenían "condiciones críticas", por falta de jeringas, mientras en el depósito manejado por la secretaria y el director del hospital, había "66.000" inyectadoras, reportó la agencia EFE.

"Queremos solicitar una averiguación disciplinaria en contra del doctor Juan Carlos Marcano, director del hospital Los Magallanes de Catia y de la jefa del depósito porque puso en riesgo la vida de los pacientes que durante dos días no se le pudo administrar su tratamiento", apuntó.

Contreras pidió a la Fiscalía, al defensor del Pueblo y al Ministerio de Salud investigar esta situación y aseguró tener pruebas de la denuncia.

Asimismo, instó a los usuarios de los hospitales a constituir "comités" para que exijan a los directores de estos centros que muestren los depósitos para confirmar de cuánto material disponen.

La enfermera, que convocó a todo el gremio de enfermería el pasado 25 de junio a protestar por la falta de materiales médicos y los bajos salarios, exigió también al Gobierno explicar dónde están las donaciones que ha realizado la Organización Panamericana de la Salud para atender la grave crisis del país.

Los hospitales públicos de Venezuela viven desde hace años una difícil situación que se ha agudizado en el último año en medio de la profundización de la crisis económica, pues algunos presentan estructuras colapsadas, fallos de agua, luz, equipos y la falta de medicinas y materiales médicos.

TESTIMONIO

El Nacional informó que hace año y medio Mary Array recibió una noticia que transformó su vida en lo que ella define como un calvario: fue diagnosticada con cáncer de mama. Desde ese momento son numerosos los centros de salud a los que ha tenido que acudir para recibir presupuestos, que en su mayoría no puede costear, para tratar su enfermedad.

Para Array el costo de su tratamiento escapa de sus posibilidades económicas debido a que las personas que la ayudaban, su pareja y su hijo mayor, fueron asesinadas. Ante la falta de recursos inscribe su nombre en diversos hospitales públicos donde asegura la lista de espera es más larga que la cantidad de pacientes que tienen capacidad para atender, por lo que sus nombres son olvidados en un papel porque no pueden ser tratados por la falta de operatividad de las máquinas necesarias para el tratamiento.

A pesar de esto, su motor en las caminatas diarias para buscar su tratamiento son sus cinco hijos, quienes se despiden de ella sin saber lo que está pasando realmente con la salud de su mamá.

Todos los días debe abandonar su casa ubicada en Araira, más allá de Guatire, en el estado Miranda, para tomar la camioneta que la traslada hacia Caracas y que es testigo de su quiebre emocional al no conseguir la ayuda necesaria para recibir el tratamiento que no obtiene desde hace tres meses.

La mujer de 52 años de edad se llena de valor para escribir cada día cartas destinadas a organizaciones que le puedan ofrecer el capital necesario para recibir la quimioterapia. Sin embargo, el panorama no es alentador en un país donde la Encuesta Nacional de Hospitales expuso que 100% de los servicios de laboratorio, 97% de tomógrafos, 85,5% ecógrafos y 94% de RX de los centros hospitalarios públicos del país se encuentran con servicio intermitente o inoperativos. (EFE - Agencias)