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Fiscalizar atenciones médicas del SOAT

Weimar D. Ledezma Abastoflor

El accidente de tránsito que ocurrió el pasado 8 de diciembre en Achacachi, donde perdieron la vida 17 personas y hubo siete heridos, no solo reveló que las carreteras interprovinciales están en condiciones desfavorables en cuanto a iluminación y señalización, en perjuicio del transporte y los viajeros. Por este evento también se supo que las personas internadas en los centros de salud, como resultado del accidente de tránsito, en tres días al parecer agotaron los Bs 24.000 que otorga el Seguro contra Accidentes de Tránsito (SOAT), lo que causó alarma tanto en familiares como representantes sindicales del transporte público, que quedaron afectados.

Este aspecto debe generar no solo preocupación, sino políticas para definir la fiscalización y auditorías médicas, a fin de garantizar que las víctimas de un hecho de tránsito obtengan información sobre que se ha invertido adecuadamente para atender los costos médicos de cada caso y evitar abandono de heridos.

Por lo general la población desconoce cuáles deberían ser los costos médicos y el valor de los medicamentos recetados para las víctimas de tránsito y si éstos tienen un regulador que defina parámetros de costos. Tal aspecto genera desconfianza no solo sobre los seguros, sino sobre las inversiones hechas para las atenciones médicas.

De enero a septiembre del presente año, se establece que en el país fueron registrados 1.801 atropellos a peatón. Del total de hechos de tránsito se reporta 10.314 casos atendidos por las instancias correspondientes. De esa cantidad de accidentes, las víctimas que llegan a ser remitidas a centros de salud públicos y privados conocen la difícil realidad cuando se enteran que, en tres días, el centro médico supuestamente consumió el total de lo que paga el SOAT y que su continuidad, más el restablecimiento de salud, depende de los recursos propios. Por ello incluso la víctima debe endeudarse, porque sin salud no podrá trabajar, menos estar con su familia e hijos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que cada año mueren cerca de 1.3 millones de personas en las carreteras del mundo entero, y entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales. Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte en todos los grupos etarios, y la primera entre personas de entre 15 y 29 años.

Llama la atención que los traumatismos por accidente de tránsito siguen siendo un importante problema de la salud pública, más aún cuando éstos no logran ser fiscalizados y no se hace seguimiento de la recuperación plena de las víctimas de hechos de tránsito. En concreto, no velar como Estado por el restablecimiento de estas personas víctimas de hechos de tránsito, es no proteger la mano de obra y productividad del país, factor que con el tiempo se convierte en un costo mayor en salud pública.

 
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