Es un hecho que buena parte del empresariado privado se encuentra en dificultades para pagar el doble aguinaldo; muchas empresas se ven obligadas a contraer préstamos bancarios -algunas aún no han terminado de pagar lo que se prestaron para cumplir igual obligación en el pasado- que les permita cumplir tanto el pago de planillas como la obligación impuesta con el doble aguinaldo; pero lo grave es que muchas empresas son acreedoras del gobierno, de gobernaciones y alcaldías que no honran sus compromisos de pagar por trabajos realizados y provisión de servicio para el sector público.
Para el empresariado privado las políticas del régimen son contradictorias porque exigen cumplimiento por parte del sector privado y el gobierno no cumple sus compromisos de pagar deudas que, en algunos casos, tienen antigüedad hasta de dos años. Este tratamiento injusto perjudica gravemente no solo a los empresarios sino también a los trabajadores que no pueden percibir lo que se les debe por falta de pagos por parte del gobierno central, gobernaciones y alcaldías del país.
Al respecto, un dirigente de la Confederación de Empresarios Privados dijo: “Nos parece injusto e inequitativo que el gobierno autorice a las instituciones públicas que puedan disponer de recursos de otras partidas para cubrir el pago del segundo aguinaldo, pero al mismo tiempo no se haga ningún esfuerzo -ni a nivel nacional ni a nivel local- para que se paguen las deudas atrasadas con empresas privadas que no tienen de dónde obtener recursos adicionales”. Añadió que “muchas instituciones del gobierno central, así como gobernaciones y alcaldías, mantienen deudas prolongadas con las empresas privadas por la provisión de bienes o servicios, y no hacen ningún esfuerzo para honrarlas dentro de los plazos pactados, lo que deviene en pérdidas y sobre todo problemas de liquidez para pagar las diversas obligaciones de fin de año a lo que se suma el segundo aguinaldo” (ED 11-XII-18).
Es, pues, totalmente injusto e inequitativo que el régimen exija a los empresarios lo que él, como gobierno, no cumple, cuando lo lógico y razonable es que tanto el gobierno central como las gobernaciones y alcaldías, conforme a sus presupuestos, cumplan con el pago oportuno de obligaciones contraídas, especialmente cuando se trata de empresas pequeñas y medianas, y mucho más de las constructoras que dependen de los contratos y su cumplimiento para atender obligaciones.
Es urgente que el gobierno, por equidad y justicia, cumpla con los empresarios privados y con quienes tienen también que cumplir obligaciones de pagos; de otro modo, las prédicas gubernamentales quedarían en nada y perderían confianza de quienes, por cualquier razón o circunstancia, deben cumplir con bienes y servicios que precisan las diferentes dependencias públicas.
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