OEA denuncia crímenes de lesa humanidad en Nicaragua

El informe de la organización de estados americanos (OEA) estableció que las represiones que se originaron en Nicaragua bajo el gobierno de Daniel ortega, no fueron aisladas sino que fue llevado de forma organizada, donde se incluyen torturas y agresiones sexuales en las cárceles que deben ser juzgados como “crímenes de lesa humanidad”.

“El ejercicio de violencia por parte del Estado no consistió en actos aislados, sino que fue llevado a cabo de manera organizada y en distintos momentos y lugares del país (…) no se trató de eventos que se expliquen por la decisión individual de uno o más agentes policiales (…) sino que se trató de una política de represión impulsada y avalada por la máxima autoridad del Estado”, señala el informe publicado en El País.

Solo unas horas antes de que el equipo de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentara su informe sobre la situación en Nicaragua, el Gobierno de Daniel Ortega le dio 24 horas para que abandone ese país.

Después de seis meses de trabajo las conclusiones conocidas no han gustado al régimen que impidió su presentación en suelo centroamericano a quien acusa directamente de coordinar la represión.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pudo determinar que la mayoría de los asesinatos y lesiones graves son responsabilidad de la Policía Nacional, cuyos efectivos actuaron directamente y también de manera coordinada con grupos armados paraestatales.

Para el GIEI “se desprende que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución”.

La publicación del informe, cuya presentación estaba prevista para el pasado jueves en Managua, se realizó finalmente este viernes en Washington. El GIEI trabajó durante seis meses en Nicaragua, entrevistaron a las víctimas de la represión, las familias afectadas y testigos de los hechos violentos.

Explicaron que también conversaron con activistas de organizaciones de derechos humanos y revisaron miles de documentos, además de mantener consultas con expertos internacionales.

Los expertos, entre quienes están Claudia Paz y Paz o Amérigo Incalcaterra, señalan que el surgimiento de las protestas en abril no fue producto de acontecimientos aislados sino de años de prácticas que fueron coartando libertades, cooptando instituciones públicas y concentrando el poder en Daniel Ortega y Rosario Murillo su esposa y vicepresidenta.

“Ello fue generando y acumulando un descontento social que se manifestó a través de los años en diferentes expresiones sociales que fueron reprimidas en forma violenta por la Policía Nacional y los grupos de choque”, señala

En el informe describe incluso la “metodología de la agresión” aplicada por los grupos violentos afines al gobierno contra los manifestantes y la colaboración policial. “La Policía Nacional interviene controlando la zona, haciendo cordones, desviando el tránsito, usando gases lacrimógenos, sin encabezar directamente la agresión, pero dejando que sucedan”.

Los expertos señalan que cuando fracasó “el método tradicional de represión” y aumentaron las manifestaciones, el Estado comenzó una etapa más represiva y violenta caracterizada por el uso desproporcionado e indiscriminado de armas de fuego “que se dirigieron directamente contra los manifestantes”.

La ola violenta dejó al menos 109 muertos, más de 1.400 heridos y 690 detenidos, entre el 18 de abril y el 30 de mayo. La gran mayoría de las muertes que se dieron en esos 42 días fueron por disparo de arma de fuego durante cargas policiales y de grupos paraestatales.