Nicaragua
Managua.- El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de Nicaragua anunció ayer su respaldo al reciente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en el que recomienda investigar al Gobierno del presidente Daniel Ortega por crímenes “de lesa humanidad”.
“Respaldamos totalmente el informe del GIEI, y agradecemos a sus miembros, así como al equipo del Meseni (Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua) y la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) por su trabajo, que ha permitido tener información de primera mano sobre las terribles violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado”, divulgó el Comité, en un pronunciamiento.
Los familiares de los reos, unos 674, según el Comité, o 273 conforme a la cifra del Gobierno, agregaron que el informe que el GIEI presentó el viernes en Washington “será una ruta fundamental para obtener justicia, con verdad, castigo a culpables, reparación y garantías de no repetición”.
Aunque el informe únicamente abarca lo ocurrido del 18 de abril al 30 de mayo pasados, el Comité coincidió en que “describe con claridad la represión que vivió el pueblo, perpetrada por la ‘Policía Orteguista’, grupos paraestatales e instituciones del Estado que deberían estar al servicio del pueblo”.
En el informe se detallan casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, obstrucción a la atención médica, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
“Este trabajo invaluable será una ruta fundamental para obtener justicia, con verdad, castigo a culpables, reparación y garantías de no repetición. También será abono para resguardar la memoria y para que el pueblo de Nicaragua nunca olvide lo que pasó y logre en el futuro construir una democracia sólida en donde los Derechos Humanos sean inviolables”, agregó el Comité.
A pesar del trabajo del GIEI, la CIDH y el Meseni, los familiares de los presos afirmaron sentirse “profundamente desamparados y sin ninguna instancia a la que poder acudir”, luego de que el Gobierno quitó el estatus legal a ONGs defensoras de los derechos humanos y cerró varios medios de comunicación independientes.
Desde el 18 de abril pasado Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 545 muertos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios. El Gobierno reconoce 199 muertos.
Ortega no acepta responsabilidad y se ha declarado “victorioso” de un intento de “golpe de Estado”, que causa escepticismo en la CIDH y en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron tras 11 años de Gobierno continuo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia, tras el saldo mortal de las manifestaciones. EFE
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