Consejo de Derechos Humanos de NNUU evaluará política carcelaria

El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, sesionará el 2019 y realizará el Examen Periódico Universal de los Estados miembros y evaluará los resultados de las recomendaciones emitidas acerca de los regímenes penitenciarios y carcelarios formuladas el 2014, oportunidad en la que observaron el hacinamiento correccional de Bolivia.

Durante el vigésimo período de sesiones que se llevó a cabo en agosto del 2014, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentó un informe en el que expresa su preocupación sobre el hacinamiento carcelario en Bolivia, donde cerca del 80 por ciento de los privados de libertad del país no contaban con una sentencia , además de estar recluidos en pésimas condiciones al interior de los recintos penitenciarios.

El párrafo 54 del informe emitido por (OACNUDH) señala “Al Comité de Derechos Humanos le preocupaba que más del 80% de la población carcelaria no hubiera sido juzgada. El Estado debía acelerar la imposición de medidas alternativas a la detención preventiva”.

La página oficial de la instancia internacional estableció fecha y hora para la evaluación de los Estados miembros. A partir del 21 de enero al 1 de febrero se llevará acabo el 32º periodo de sesiones, donde se evaluará la situación que atraviesa Chile, Republica Dominicana y Afganistán.

El 33º periodo de sesiones será desde el 6 al 17 de mayo, donde también se realizarán las evaluaciones a los estados de Portugal, Costa Rica, entre otros Estados.

La última sesión del Consejo será del 4 al 15 de noviembre, donde se prevé que entre el 5 y 7 de ese mes el Estado boliviano debe presentar sus informes sobre el avance en la defensa de los derechos humanos y la política carcelara para su evaluación por el organismo internacional.

DECRETOS

Desde el 2012, el gobierno boliviano aprobó más de seis decretos de indulto y amnistía con la finalidad de beneficiar a los reclusos que cumplan las especificaciones de las normas. Al respecto, el abogado de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB), Franco Albarracín, aseguró que el gobierno adopta estas medidas porque el próximo año la instancia internacional evaluará los resultados sobre este tema.

“En el 2010 y 2014 el Consejo de Derechos Humanos hace la Evaluación Periódica Universal (EPU) y varios Estados observaron que el hacinamiento carcelario es uno de los principales conflictos en Bolivia. Existe un alto porcentaje de detenidos preventivos y el Estado no ha hecho nada hasta el momento”, puntualizó el jurista.

RESULTADOS

El pasado 24 de diciembre, el presidente Evo Morales aprobó un nuevo decreto de indulto y amnistía, con el que se busca beneficiar a 2.535 privados de libertad de todo el país. Es otra de las políticas que promueve durante los 12 años de gobierno del partido oficialista.

Al respecto, el ministro de Justicia, Héctor Arce, explicó que la amnistía llegará a 1.035 personas con delitos cuya pena sea menos o igual a 5 años. Mientras que el indulto favorecerá a otros 1.500 reos que cuenten con una sentencia condenatoria ejecutoriada hasta un año a partir de la publicación del Decreto.

Los cinco decretos presidenciales beneficiaron a algo más de 5.800 reos. El perdón fue aprobado por primera vez en diciembre de 2012, debido a las dificultades para el cumplimiento de los requisitos la disposición jurídica se amplió cuatro veces: en 2013 (dos veces, marzo y septiembre).

En 2014 y 2015, y en diciembre de 2016 se aprobó un nuevo decreto para indultar a recluidos por delitos leves, sin sentencia y en condición de vulnerabilidad.

Recientemente, viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga informó que la población penitenciaria en el país llega a 18.970 personas hasta el 31 de octubre de este año y que el 70% no tiene una sentencia.

El funcionario de Estado detalló que más de 12.000 personas están con detención preventiva y el resto con sentencia ejecutoriada, en todos los recintos carcelarios del país.

Al respecto Albarracín aseguró que estas medidas adoptadas por el gobierno son paliativos, “sólo es un parche a un conflicto estructural, que debe partir por una solución desde las instituciones que administran la justicia, la retardación de los procesos y la falta de actualización de los jueces para determinar qué casos pueden ser resueltos sólo con una conciliación”, apuntó.