La espada en la palabra
Termina el 2018 con una situación lamentable para el ejercicio periodístico, y no lo digo solamente por las condiciones nacionales, sino por las de toda Latinoamérica y aun por las del mundo entero. Los periódicos se cierran, los reporteros mueren, los editorialistas quedan amenazados, los informes del día a día se ven influenciados por los intereses de las mayorías, las crónicas se vuelven narrativa partidista y de secta y los hechos noticiosos verdaderamente importantes quedan sepultados bajo la utilidad de quien no sacaría provecho si aquéllos fueran publicados.
Lo preocupante es que el problema ha pasado de ser informal a ser formal. Esto es que, en algunos países, la cuestión de la limitación a la libertad periodística se la quiere trasladar al campo de las leyes o las instituciones. Se quiere, por ejemplo, institucionalizar oficinas que fiscalicen el trabajo de los periódicos o estaciones de radio o que, por lo menos, acosen a los medios críticos o que examinan la realidad con lentes de buen investigador. Ojo que, como tenemos dicho, este problema no es propio solamente de la política latinoamericana, sino que está también presente en Europa y Asia. En Polonia, verbigracia, se está censurando algunos contenidos televisivos y en Turquía, peor aún, arrestando a varios periodistas. En el lado occidental de Europa las cosas no son tan negras, salvo el caso de España, cuando fueron intervenidos los teléfonos móviles de redactores de dos periódicos.
Los periodistas del Asia parecerían estar hoy en el ojo de la tormenta. Afganistán, Siria y Yemen son, hoy por hoy, verdaderos infiernos para el periodista. Y lo son no tanto por sus respectivos gobiernos cuanto por la situación que atraviesan tales Estados en su conjunto. Y es que las guerras políticas no son solamente guerras contra ideologías, culturas o religiones, sino que son también combates a muerte contra los reporteros, corresponsales, cronistas y fotógrafos que tienen la misión de informar al mundo sobre las atrocidades de que es capaz el hombre de hoy.
Ahora sí hablemos de América. La situación aquí es sombría. La labor de la información no está solamente amenazada por el gobierno, sino también por problemas sociales como el narcotráfico, la corrupción en niveles locales y el crimen organizado. Incluso la empresa privada, una muy maleada y corrupta, se ha visto involucrada en esto. Eso sí: no por proceder la amenaza de focos que no son del gobierno significa que éste no tenga el deber de garantizar una prensa segura en su labor. Pero la realidad, en conclusión, es que la amenaza proviene de distintos lugares. Las mafias deben ser reprimidas por los gobiernos, y si no pueden ser desbaratadas, al menos deben ser contenidas para que el reportero no esté expuesto a peligros en el momento de ejecutar su trabajo.
Ahora bien, el problema no solamente son el sicario y la bala que desgarra el corazón del periodista, el problema es también, digámoslo así, gubernativo. Desde los Estados Unidos, con un Trump que siente un odio visceral contra los medios de comunicación, hasta Bolivia, donde se está persiguiendo a varios periodistas, los gobiernos están involucrados en el problema del debilitamiento del periodismo y la comunicación social.
En Bolivia, por ejemplo, ocurre que el gobierno está copando para su provecho varios medios y gastando dispendiosamente dineros fiscales para pagar publicidades partidistas y con fines electorales. Sucede también en Venezuela y Nicaragua, países en los que varios medios impresos tuvieron que suspender sus ediciones por falta de publicidad o por asfixia. O, simplemente, por amedrentamiento.
La situación es complicada y concierne directamente al buen funcionamiento de un Estado de Derecho. La prensa crítica y el periodismo de investigación son pilares fundamentales para el funcionamiento de un país que vive en democracia. Esperemos que el 2019 sea un año de enmiendas en este sentido, y en muchos otros sentidos también.
El autor es licenciado en Ciencias Políticas.
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