Indultos y amnistías

El jueves 13 de julio de 2017 fue atracada la Joyería Eurochronos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra-Bolivia. Uno de los atracadores era Rony Suárez, quien hasta hacía poco tiempo, se encontraba cumpliendo una condena de cinco años, por “robo agravado”, en la cárcel de Palmasola. ¿El robo cometido por Suárez fue con el uso de armas de fuego?, ¿se puso en peligro la vida de las personas en este robo? Las respuestas son muy importantes, porque si son afirmativas, nos indicarían que Suárez tenía tendencia al asesinato, lo cual se confirmó en su atraco a la Joyería Eurochronos. Y si era así, jamás debió salir de Palmasola y debió dársele una pena más larga y el delito no debió ser “robo agravado” sino “intento de asesinato, con arma de fuego”.

Resulta que ya habiendo cumplido la mitad de los cinco años de su pena, de su primer atraco, la ley de Bolivia le permitió a Suárez acogerse a un “indulto” (extramuro). Es así que salió de Palmasola de lunes a viernes para supuestamente “trabajar” y volver los fines de semana a Palmasola.

En Bolivia, aparte de tener “condenas risibles”, tenemos “indultos” y “amnistías” que acortan a la mitad las penas. Se debe aumentar las penas en Bolivia, para los diferentes crímenes y delitos y anular los indultos y amnistías de todo tipo.

Y como si fuera poco, cada año, a cargo de cada gobierno, tenemos los acostumbrados “indultos y amnistías”, para los reos del país. Se dijo que en 2018 habría indultos y amnistías para mil quinientos reos. De esta manera, ¿se pondrá en riesgo la seguridad de la ciudadanía en general, en nuestro país?

Ni bien salió Suárez de Palmasola, tomó contacto con Antonio Adao da Silva Costa (quien también había salido de Chonchocoro, recibiendo “cesación de detención”), con Camilo Maldonado Pinto y con Landívar y entre los cuatro, atracaron la Joyería Eurochronos, asesinando a sangre fría, a dos personas inocentes, cada una con toda una vida por delante.

De este atraco lo más sensible fue la pérdida de dos vidas humanas inocentes (como Lorena Tórrez), cuyas muertes hasta ahora no se logra comprender, pero la culpa fácilmente la podemos cargar a la mal llamada “Justicia boliviana” (“Código de Procedimiento Penal” actual pésimo, con procedimientos inadecuados, indultos al por mayor y penas risibles).

Recordemos que para que las “víctimas” consigan una “sentencia” o “condena”, contra los acusados deben transcurrir seis meses para la “imputación”, otros seis meses para la “acusación” y el “juicio oral” puede durar de uno a dos años o más, luego viene la apelación a nivel departamental que puede tardar un año y luego la apelación a Sucre, que puede tardar como mínimo otro año, teniéndose un total de 5 años para llevar a la cárcel a alguien culpable de un crimen o delito.

Y no puede ser que con un “indulto y amnistía” que puede ser promulgado en segundos o minutos, se saque a “sentenciados”, de las cárceles, re-victimizando a las pobres “víctimas”. Y no podemos olvidar, que para llevar a la cárcel a un acusado de un crimen o delito, el gasto en abogados y otros, es de varios miles de dólares. Al lanzar un “indulto” o “amnistía”, siquiera el Estado de Bolivia debería indemnizar o pagar todo el gasto económico realizado por la víctima (abogados y otros), para llevar a la cárcel a un culpable de un crimen o delito.

Por otro lado se le debería dar las gracias, por el gasto económico y tiempo, a cada víctima, que pone inclusive su vida en riesgo (se busca enemigos), por retirar de las calles a los criminales y delincuentes y se debería criticar a cada gobierno que en representación del Estado de Bolivia, vuelve a poner en las calles a los criminales y delincuentes, ocasionando la tan mentada “inseguridad ciudadana”.

Los indultos no hacen más que poner en las calles a criminales y delincuentes peligrosos, como el caso que se expone.

La justicia de Bolivia, en vez de ser la solución, en los últimos tiempos, viene a ser el problema. Las últimas corrientes “modernistas” de la Justicia no solo en Bolivia sino en el Mundo, lograron devaluar totalmente a la Justicia, llegándose a casos “de película” como el del “caso Bebé Alexander”.

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