Informe reveló lista de funcionarios públicos que deben ser investigados

Managua.- En el informe contundente del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se identifica al menos a seis altos funcionarios del régimen, encabezados por la cogobernante Rosario Murillo, de haber posiblemente entramado y ejecutado el plan que causó una serie de crímenes contra las manifestaciones ciudadanas iniciadas en abril, y en el reporte se plantea que los señalados sean investigados por su vinculación directa en la represión.

El listado incluye a los diputados Gustavo Porras y Filiberto Rodríguez, al alcalde de Matagalpa, Sadrach Zeledón, la ministra de Salud, Sonia Castro, y Fidel Moreno, de la Alcaldía de Managua.

Estos funcionarios son mencionados en el informe del GIEI de estar directamente involucrados en las acciones de los paramilitares, la Policía Orteguista y los grupos de choque contra las manifestaciones.

A ellos se suman dirigentes universitarios como Walter Mata, del Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN) de León, según son citados en el informe, en que se explica el papel que jugó cada uno en la masacre.

Esos personeros y junto a todo el alto mando de la jefatura de la Policía Orteguista son los que a criterio del GIEI deben investigarse por su vinculación con los delitos de lesa humanidad cometidos durante la jornada de protestas, que desde abril han dejado entre 325 y 535 muertos, miles de heridos y exiliados, y unos 670 presos políticos.

De hecho, la sección seis de la Nica Act, aprobada por Estados Unidos y que supone una serie de sanciones al régimen orteguista, establece que el Departamento de Estado debe entregar al Congreso un informe donde se certificase que el régimen adoptó medidas contra los responsables de la masacre.

En el informe se debe certificar si Ortega está investigando y responsabilizando “a los funcionarios del Gobierno de Nicaragua y otras personas responsables de los asesinatos de personas relacionadas con las protestas en Nicaragua que comenzaron el 18 de abril de 2018”, ordena un apartado de la Nica Act. (La Prensa)