Eliminarán fiscalías corporativas

A dos años y medio de la implementación de la modalidad de la Fiscalía Corporativa, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, anunció que esta modalidad será eliminada debido a su ineficiencia en la descongestión de procesos, el Ministerio Público retomará al antiguo sistema donde un solo fiscal se hacía cargo de un determinado caso.

La autoridad indicó que este mecanismo no permite la evaluación del trabajo de cada uno de los fiscales, el cual debe ser medido en base a los resultados que obtiene en los casos que están su cargo. Advirtió que el nuevo modelo fiscal tomará la evaluación anual de los funcionarios.

“Hemos visto que no han tenido el resultado óptimo y fundamentalmente en el tema de la evaluación al desempeño, en el nuevo modelo de gestión fiscal vamos a realizar la evaluación por resultados. Para llevar una evaluación objetiva necesitamos individualizar al responsable, al fiscal”, afirmó Lanchipa.

A la vez, manifestó que en las próximas semanas se prevé la reasignación de casos y fiscales y que debe realizarse lo antes posible con la finalidad de vitar perjuicio en el avance de las investigaciones.

OBSERVACIONES

La expresidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame y el actual representante del ente colegiado de La Paz, Israel Centellas respaldaron la decisión de la autoridad, ya que anteriormente hicieron observaciones a ese mecanismo, porque existía ineficiencia por parte de los fiscales a la hora de realizar la investigaciones en un determinado caso.

“Creemos que es la mejor decisión que hizo el Ministerio Público porque no había responsabilidad de los fiscales que iban a las audiencias, se preparaban en plena audiencia y no conocían a profundidad el caso. No existía la seriedad en las investigaciones y en el desarrollo de las audiencias”, dijo Centellas.

EVALUACIÓN

Lanchipa explicó que el Ministerio Público trabaja en la implementación de un nuevo mecanismo operativo para las fiscalías, donde se tomará en cuenta el avance de los procesos que también serán evaluados cada año. Además, se podrá determinar la responsabilidad de cada uno de los funcionarios en un determinado proceso, en caso de que existan denuncias por actos irregulares.

Centellas el presidente del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz (Icalp) dijo que este cambio no traerá mayores resultados si el Estado no implementa una verdadera política criminal donde estén comprometidos los distintos sectores que administran la justicia en el país.

MODELO FISCAL

El 26 de julio del 2016 Ramiro Guerrero, ex Fiscal General del Estado implementó este mecanismo con el propósito de acelerar los procesos judiciales, con una atención con calidad y efectividad hacia los litigantes y evitar la corrupción.

La estructura estaba definida en Fiscalía Especializada para Víctimas de Atención Prioritaria, Fiscalía de Delitos Patrimoniales, Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción, Fiscalía de Delitos contra las Personas, Fiscalía de Corrupción Pública y Operaciones Especiales, Fiscalía en Justicia Penal Juvenil, Fiscalía de Provincias, Fiscalía de Sustancias Controladas y Plataforma.

Cada uno de éstas tenía un equipo de al menos tres fiscales que debían atender todos los procesos en cada unidad, exfuncionarios indicaron que las autoridades deslindaban responsabilidades de los casos, unos se dedicaban a las notificaciones, otros asistir a las audiencias o el desarrollo de la investigación.

REESTRUCTURACIÓN

La expresidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame planteó la reestructuración de la fiscalía para garantizar una mejor administración de la justicia, certificar la permanencia de los funcionarios hasta la conclusión de los casos.

Advirtió la necesidad de la permanente capacitación y actualización de los fiscales de materia, tomando en cuenta la aprobación de nuevas normativas por parte del Legislativo. Designar a los mejores profesionales, sobre todo la asignación de mayor presupuesto que pueda mejorar las condiciones de trabajo de esas autoridades.

Para Centellas, los ajustes al Ministerio Público debe partir por la implementación de una Política Criminal por parte del estado, donde se ponga énfasis en las tareas de prevención de los ilícitos, reinserción y rehabilitación de las personas privadas de libertad y la emisión de sanciones penales.