2019 La Paz
Administradores de justicia plantearon “cero tolerancia a la corrupción” como uno de los mayores objetivos del sistema jurídico
La creación de nuevos juzgados en el departamento de La Paz, su descentralización y la celeridad en los procesos son los retos que asumió ayer el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz al inaugurar la gestión judicial 2019.
El decano del Tribunal Departamental de Justicia, Iván campero, manifestó que se prevé la descentralización de los juzgados en la Zona Sur, la creación de salas constitucionales en La Paz y El Alto. Esto coadyuvará en el avance de las causas procesales.
“Existe el compromiso de los jueces y vocales para trabajar con mayor ahínco para agilizar los procesos. Este informe nos ha reflejado que en todas las áreas de la justicia: penal, civil, administrativo, de la niñez y el tema familiar han incrementado el número de demandas”, dijo Campero.
La inauguración del año judicial también se desarrolló en Sucre, con la presencia de las autoridades del gobierno, entre ellos el presidente Evo Morales, donde pidió a los administradores de justicia asumir el compromiso de “cero tolerancia a la corrupción”.
En el acto y también se posesionaron a cinco nuevos vocales, que serán parte de las salas penales donde existían acefalias de las autoridades jurisdiccionales. Campero indicó que existe un 90 por ciento de presencia de jueces en los diferentes tribunales y juzgados.
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Antonio Revilla, proyectó que para la gestión 2019 la implementación del expediente judicial electrónico y la reducción de la carga procesal “a los niveles de efectividad correspondientes”.
Como parte de los procesos que se destacaron en el informe ofrecido desde la ciudad de Sucre, la autoridad judicial refirió la institucionalización del Órgano Judicial: se crearon 50 juzgados con jueces designados mediante convocatoria y 30 vocalías para cubrir acefalías, aunque inicialmente estaban previstas 80; faltan 50 por designar debido a que varios de los postulantes habilitados para ser elegidos vocales tenían antecedentes penales y disciplinarios.
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