“Barcazas chinas” y la retardación de justicia

Mucho tiempo lleva el caso del gran yerro de haber pagado $us. 30 millones de dólares por barcazas chinas que, por años, están en un puerto de la China y por ello se ha pagado muchos millones de dólares por concepto de alquiler o utilización de espacios portuarios. Muchos han sido los reclamos por este ilegal negociado que llevaron a cabo tanto la Fuerza Fluvial y Lacustre como otras dependencias del Ministerio de Defensa hasta que el caso pasó a niveles de la justicia ordinaria, pero…

El propio titular de Defensa informó, el pasado 11 de noviembre: “Lo que hemos hecho es denunciar la retardación de justicia, hemos enviado un sinfín de memoriales a los jueces a cargo del caso, pero hay dilación en el proceso y esperamos que una vez concluida la vacación judicial este proceso alcance mayor celeridad”. Explicó que, “de emitirse la sentencia que confirme el derecho propietario de Bolivia sobre las embarcaciones de inmediato se gestionará su traslado a territorio nacional. Pero si la resolución negara esta propiedad se habrá perdido tales embarcaciones”. Agregó que “se ha explicado con claridad la propiedad de dichas embarcaciones, incluso demostrando el pago por el almacenaje, que asciende a cuatro millones de dólares y que se incrementará en el curso de los siguientes meses” (ED 12-XII-18).

El problema data de más de seis años y lo extraño es que los responsables de semejante negocio que costó, por adelantado, al país más de 30 millones de dólares, no hayan sido citados para las declaraciones y aclaraciones consiguientes; todo muestra que se han despreocupado del caso por el hecho de que está en el Poder Judicial. En su momento, fue una pésima decisión pagar, por adelantado, por dichas barcazas, cuando lo lógico era que se lo haga a la entrega o, por lo menos, solamente pagando un adelanto en señal de seriedad y conforme a contratos debidamente firmados tanto por los vendedores como por parte de quienes representaron a nuestro país.

Más de treinta millones de dólares no son “pigricia financiera” para ningún país o institución pública del país o del mundo; se trata de un monto importante que debió servir, previamente, para otro tipo de inversiones que se requiere y, mientras se cumpla con la entrega de las barcazas y dos remolcadores, hacer los pagos consiguientes. Quienes son responsables de este gran perjuicio al país deben tener las sanciones correspondientes porque, inclusive, se trata de un caso que avergüenza al país porque nadie concibe la forma en que fueron hechas las negociaciones y menos las razones para un pago adelantado.

Por otro lado, es censurable y reprochable que las autoridades judiciales que tienen a su cargo el caso, no hayan cumplido, debida y oportunamente, con sus deberes.