La salud no es un juego

Bajo el título “la salud no es un juego”, el Lic. Jaime Peña, experto en seguridad social, emitió un documento en el cual analiza lo relativo al Seguro Universal de Salud, mismo que, dijo, hará llegar a las autoridades y médicos a fin de que puedan corregir errores que saltan a la vista porque “las respuestas del primer responsable de salud del país, en una entrevista que concedió, no tienen valor técnico, ni legal, al tratar de hacer ver que el SUS es la solución a problemas y necesidades de la población, apreciaciones que en realidad son distintas a lo que se vive”.

Para fundamentar sus afirmaciones manifestó: “el Sistema Universal de Salud está dirigido a la atención de las personas que no tienen algún seguro de salud, dirigido por el Estado, y sin embargo habla del aporte estatal del 10 % y revela que el mismo engloba los aportes del sector privado, seguridad social y el subsector público, o sea tergiversando al mencionar que se tiene 1.500 millones de dólares que van a éste último, y no dice cuánto aporta el privado y seguridad social para así poder cuantificar si es un importe considerable o no”.

Cuestiona la afirmación en torno a que “el SUS va a ser progresivo, paulatino”, lo cual quiere decir -acota- “que las acciones progresivas de adelantar la mejora en atención de salud serán lentas, por lo que mencionar la implementación de la universalidad a la totalidad de la población boliviana, peor aún si no existe un tiempo determinado, es una falacia”. Sobre que “el titular de salud sostiene: nosotros creemos que va a tener sostenibilidad”, puntualiza que “no se tiene que creer, sino estar seguro, pues se trata de un sistema que contempla varios aspectos legales, económicos, financieros, laborales, de infraestructura, y otros, que determinarán su sostenibilidad, lo cual hace que el anuncio de su implantación sea incierto e irreal”.

“Pareciera que se desconoce las leyes que, en su conjunto, otorgan atención de salud a los menores de cinco años, mujeres embarazadas, adultos mayores, y otros, no siendo suficientes en consecuencia los 200 millones de dólares, y basta una pregunta: ¿cuántos equipos médicos se necesita en Bolivia y cuánto es su costo? Por lo que se ve, es poco dinero para comprar todo el equipamiento, más cuando no se puede ofrecer cirugías en lugares donde no existe infraestructura, o se carece de todo”, argumentó.

Desgranando todo lo relativo al tema, Peña alegó: “un aspecto que en realidad es preocupante es el compartimiento de la base de datos de los que tienen seguro (Cajas de Salud) con los que no tienen, pretendiendo obtener una base nacional poblacional, al indicar que todos recibirán el mismo tipo de atención, lo que trae como resultado que, con esta acción, principalmente se modifica el Código de Seguridad Social a corto plazo. Otro es que la autoridad tergiversa al decir que son 1.200 prestaciones, de las cuales han agrupado en 700 productos, comparando al SUS con una farmacia donde existen muchos productos a la venta y no así una prestación que es un beneficio otorgado en dinero o especie o sea la necesaria asistencia médica-dental, general, especializada, quirúrgica, hospitalaria y suministro de medicamentos”.

Prosiguió enfatizando: “otro detalle que no indicó es: de acuerdo con las leyes de Autonomías, la Descentralización y la Participación Popular, los centros médicos de primer y segundo nivel pasaron a depender de las Alcaldías, y los de tercer nivel a las Gobernaciones, pero lo que no pasó a dichas entidades es el personal, que quedó a cargo del Ministerio de Salud, y de ahí que todos los problemas que tiene actualmente la salud pública es la dispersión de la competencia. Querer incrementar los ítems de trabajadores de salud no ha de solucionar el problema, así como tampoco la vuelta del tercer nivel al Ministerio del ramo, por cuanto antes de la aplicación de esas leyes, los tres niveles dependían de ese portafolio y el problema era el mismo”.

También destacó que otra tergiversación consiste en la pretensión de construir los Centros Integrales de Salud, sin analizar la dispersión que tienen estos inmuebles en Bolivia, siendo la pregunta ¿quién los construirá, ¿el gobierno o las alcaldías? Hizo énfasis en que actualmente se está atendiendo a las personas que no tienen seguro y lo que pasa es que ellas pagan las atenciones, y lo que quieren es que todo sea gratis. Pero las mismas no conocen que para atender toda enfermedad gratuitamente, el gobierno debe aumentar su presupuesto, lo que significa incremento de impuestos. La autoridad deja entrever que –siguió detallando- pretende otorgar la dádiva de la gratuidad, dejando entrever que correrá con los gastos, conjuntamente el 17% de la coparticipación tributaria municipal, lo que demuestra que no existe un verdadero plan de solución de la salud.

Jaime Peña terminó señalando: “para solucionar este problema es imperativo elaborar una propuesta técnica, legal, económica-financiera, y administrativa, con los médicos, ramas afines y actuarios, en cumplimiento de la sección II Derecho a la salud y a la seguridad social”.