Fiscalía prevé presentar resolución conclusiva por caso Banco Unión

Después de un año y medio de iniciar con las investigaciones por el desfalco millonario al Banco Unión, el Ministerio Público tiene previsto presentar el próximo mes una resolución conclusiva contra más de una veintena de involucrados en este caso. La comisión de fiscales está evaluando los últimos indicios de la etapa preliminar.

”Estamos concluyendo con las investigaciones, en el caso del Banco Unión nos hemos reunido con los fiscales que están llevando el caso y nos han informado que ya están trabajando en una resolución conclusiva. Esperemos que hasta febrero se presente el requerimiento y sea valorada por la autoridad jurisdiccional”, informó el fiscal departamental, William Alave.

Juan Pari, su esposa Carolina Jeréz, la pareja extramatrimonial del principal sindicado, Luciana Cagnola, familiares y amigos fueron imputados por los delitos de son favorecimiento al enriquecimiento ilícito, receptación proveniente en delitos de corrupción, legitimación de ganancias ilícitas, entre otros.

Hasta el momento alrededor de 24 personas están detenidas por el caso Banco Unión, entre ellas familiares y el círculo cercano de amigos-socios de Pari, quien guarda detención en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro y en la cárcel de mujeres en Obrajes de La Paz.

JUICIO ABREVIADO

En pasados días se conoció que Carolina Jerez, que está recluida en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes está solicitando al Ministerio Público someterse a un procedimiento abreviado. Juan Pari, principal responsable del desfalco de 37.6 millones de Bolivianos a la entidad estatal, está analizando beneficiarse con la salida alterna.

Al respecto, Alave indicó que aún no se presentaron de forma oficial ambas solicitudes, en caso de ser así la comisión de fiscales evaluarán los documentos. Pero advirtió que no negociarán la reducción de los delitos para obtener una pena mínima de privación de libertad.

Manifestó que aplicará la dosimetría penal que es una forma de medir las condenas y no los delitos, es decir se refiere a la aplicación del principio de la proporcionalidad a las penas. Los acusados que soliciten el juicio abreviado no obtengan una condena de tres años. Según la norma penal del país es la mínima condena para una detención preventiva.

“Nosotros no vamos a negociar los delitos, en muchos casos se hace eso y para llegar a beneficiarse con la menor sanción privativa. La dosimetría penal es otra forma medir las penas y no los delitos, esto permitirá que se sumen la penas y sacar un mínimo y en este caso veremos a cuantos años pueda llegar”, puntualizó la autoridad.

MÉTODO

El experto penalista Andrés Zúñiga explicó que la Fiscalía puede aplicar este método jurídico cuando se trata de hechos complejos, donde se debe precautelar el bien jurídicamente protegido, en este caso los recursos económicos despojados.

Este principio permite el análisis de la gravedad de los tipos penales, además que evitará que la sanción en los juicios abreviados no se presenten de forma desordenad. No permitirá que la defensa legal de los investigados negocie una pena mínima, sino que existirá un margen al que deberán someterse.

“Viendo la complejidad del caso y la participación de las personas, es posible que la fiscalía no acepten el mínimo penal sino que marcarán un margen de la sanción, es decir de establecerán una pena intermedia”, resaltó.

OTROS IMPUTADOS

Zúñiga asumió la defensa de Romel Paredes amigo de Juan Pari y uno de los involucrados en este caso, al respecto mencionó que la Fiscalía no pudo evidenciar que su cliente haya sido partícipe del hecho o haya favorecido al enriquecimiento ilícito del principal investigado.

Esta aseveración está respaldada por una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) publicada en diciembre del 2018, donde establece que existen irregularidades en su aprehensión y no existen pruebas por los hechos que se lo sindica.

Estos antecedentes serán remitidos, mediante un memorial a la Fiscalía para su consideración y posibilitar una resolución de absolución.

ANTECEDENTES

Después de los procesos penales contra los responsables del desfalco, el Estado recuperó al menos Bs 20 millones de los Bs 37,6 millones desfalcados de la entidad estatal, como consecuencia de la incautación de inmuebles y vehículos, según informe de los ejecutivos del banco.

A la vez, la Fiscalía secuestró 16 vehículos de lujo que Pari sumó a sus bienes, además de inmuebles, empresas, una discoteca y un estudio de televisión. Varios de esos bienes fueron entregados a sus familiares.