Desde abril de 2018, el pueblo nicaragüense sufre toda clase de afrentas y ataques a sus derechos democráticos por parte del régimen de Daniel Ortega, que ya causó centenares de muertes que han despertado total y enérgica condena del mundo. Y Naciones Unidas, la OEA y otras organizaciones internacionales, especialmente de Derechos Humanos, han incidido varias veces en que los extremos protagonizados por el régimen sandinista no tienen parangón y merecen condena de toda la comunidad mundial.
Los países del Mercosur, conjuntamente los países asociados (Chile, Colombia, Ecuador y Perú), en reunión realizada en Montevideo, han lanzado una condena drástica contra el régimen de Ortega; nuestro país, Bolivia, se abstuvo de tal condena -por decisión del presidente Evo Morales- y conjuntamente Guyana y Surinam no firmaron la declaración. Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) “instó a la Organización de Estados Americanos (OEA) a que adopte las medidas necesarias para lograr el cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana”; pero seguramente que los mandatarios asistentes, firmantes de la declaración de condena, tienen conciencia de que hasta ahora nada arredró al dictador Ortega para que frene la insania de asesinar, inmisericordemente, a ciudadanos que lo único que hicieron fue reclamar por las libertades y la vigencia de la democracia y urgencia de la justicia.
El comunicado de los miembros del Mercosur, con inclusión de los países asociados, “hace un llamado a la presidencia de Ortega para que permita trabajar libremente a los mecanismos regionales e internacionales de protección y promoción de los derechos humanos”. Advierte el Mercosur “que debe permitirse la investigación de todos los hechos de violencia ocurridos desde el inicio de las manifestaciones populares del 18 de abril”. El comunicado exhorta al régimen “a retomar sin dilaciones el camino del diálogo para encontrar una solución pacífica y negociada que devuelva al pueblo el pleno goce de sus derechos civiles y de sus libertades fundamentales”.
Las organizaciones del mundo, empezando por Naciones Unidas, han condenado las políticas tiránicas implantadas por Daniel Ortega; sin embargo, nada ha servido para conmover la conciencia de quien ha decidido tomar a su país y su pueblo como propiedad personal. Lo grave es que cualquier pronunciamiento o condena para el régimen imperante en Nicaragua de nada sirve y, por el contrario, parecería que se siente más seguro para adoptar medidas cada vez más graves y dolorosas contra su pueblo que, con seguridad, no cejará en sus esfuerzos por reconquistar sus libertades y vuelvan a reinar en su país la democracia, la justicia con la plena libertad institucional, que respete la Constitución y las leyes.
Finalmente, corresponde señalar que la negativa del presidente Morales a firmar la declaración de condena a Ortega, seguramente fue hecha a título personal o de su partido, porque el pensamiento y convicción de la mayoría del pueblo boliviano es de franca condena al régimen tiránico en un país que merece libertad en todo sentido.
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