Sentencian a ocho civiles a 25 y 47 años de cárcel

Managua.- Ocho nicaragüenses que protestaron contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega fueron condenados a entre 25 años y 47 años de prisión por el delito de terrorismo en perjuicio del Estado de Nicaragua, en el marco de la crisis que vive el país desde abril pasado y que ha dejado cientos de muertos y detenidos, informó ayer el Poder Judicial.

Siete de los nueve hombres, originarios del municipio de Jinotega, norte de Nicaragua, fueron hallados culpables de los delitos de terrorismo, secuestro simple, y entorpecimiento de servicios públicos en perjuicio del Estado de Nicaragua, y un octavo además por asesinato, y este lunes en la noche fue leída la sentencia.

La jueza segunda de distrito penal de juicio de Managua, Adela Cardoza, condenó a 25 años a Juan Carlos Baquedano por el asesinato de Pablo Israel Ramos Chavarría, ocurrida el 16 de junio pasado en un cruce de carretera entre los municipios de Matagalpa y Jinotega, y a 22 años por terrorismo, para totalizar 47 años.

El condenado cumplirá, sin embargo, una pena de 30 años, que es la pena máxima en Nicaragua, según su legislación.

Cardoza también fijó una pena de 25 años a Orlando Granados Picado, Joel Blandón Villagra, Berman Cruz Torres, Graybin Leiva Tinoco, Jony Leyva Picado, Juan José Gómez Medina y Félix Picado Castro por los delitos de terrorismo, secuestro simple y entorpecimiento de servicios públicos en perjuicio del Estado de Nicaragua.

Los procesados fueron señalados por el Ministerio Público de "obstaculizar el paso y la libre circulación de las personas y medios de transporte que transitaban por dicho lugar".

Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 545 muertos, de 340 a 674 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.

El presidente Ortega reconoce 199 muertos y 340 reos, que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores. (EFE)