Es evidente que en las relaciones e intereses comerciales internacionales, los Estados no tienen amigos permanentes, solo intereses permanentes, y, en consecuencia, no son los personeros ni sus ideologías, los que determinan la celebración de los convenios.
Pero tampoco se puede negar la capital importancia que tiene una política exterior hábil y altamente profesional que persiga, en ese ámbito, resultados favorables a Bolivia. Bien sabido es que nuestro servicio exterior es improvisado, con delegados y diplomáticos, especialmente en el rango de embajadores, sin ninguna formación (dicho sea de paso, la diplomacia es toda una ciencia) y están a la vista los resultados para el país.
Por eso, causa profunda extrañeza que el Canciller del Estado recientemente haya declarado que el año 2018 fue exitoso en materia de relaciones internacionales (?). Bolivia está quedando aislada del concierto de naciones americanas, debido a nuestra identificación política con Cuba, Nicaragua y Venezuela, cuya calidad de aliados nuestros no es precisamente para sentirse orgullosos. El discurso del presidente Morales respecto a sus homólogos que no comparten sus políticas, es verdaderamente perjudicial para los intereses nacionales. Entonces es una verdad a medias que entre Estados priman intereses y no amistades, porque no se puede ignorar que contra el ultraderechista Jair Bolsonaro, diametralmente distanciado en lo político de nuestro primer mandatario y siendo, como es, nuestro principal socio comercial, no hay necesidad de lanzar dardos tan letales, en el contexto de las relaciones internacionales, como los que nuestro aparato diplomático está acostumbrado a poner en práctica.
¿Cuál o cuáles fueron los beneficios que Bolivia obtuvo como resultado de su diplomacia con países de América? No sé si el Canciller Pary se ha enterado de que hace pocos meses el país sufrió una rotunda derrota en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el tema marítimo, cuyas consecuencias vanamente se pretende edulcorar, y aunque ese fue un tema jurídico, la performance de nuestros improvisados diplomáticos ha ahondado la brecha que entre Chile y Bolivia ya es profunda desde hace muchos años.
Muy recientemente, los presidentes Bolsonaro y Piñera han anunciado la construcción del tren bioceánico que una los puertos de Santos en el Brasil e Ilo en el Perú, con prescindencia de Bolivia. Y es que esa determinación, adoptada por Estados que, guste o no, pesan mucho más que el nuestro, es claramente de sanción a un anquilosado sistema de gobierno, y a una actitud enteramente de desafío a la gran mayoría de la comunidad de naciones que nuestro gobierno se empeña en mantener. El riel pensado para unir el Atlántico con el Pacífico queda en duda, si hablamos de su incursión por territorio boliviano.
Es probable, como ya salieron al paso algunos personeros del régimen, que Brasil no puede excluir a nuestro país, en virtud del Convenio que tienen suscrito entre ambas naciones, pero no es menos evidente que en el plano jurídico internacional, un Convenio al ser de rango inferior a un Tratado, su cumplimiento coactivo en virtud de alguna instancia jurisdiccional o de arbitraje, es muy cuestionable. Y aún si tuviéramos que recurrir –vista la aparente definitiva determinación del Brasil y Chile de rediseñar el trazo original, sin Bolivia- ante algún organismo competente para dilucidar el eventual diferendo, el daño, de cualquier manera ya sería de considerables consecuencias.
El millonario proyecto está en serio peligro de que no atraviese suelo boliviano, debido a la torpeza diplomática que ha trascendido a la simple antipatía que inspiramos por el apoyo a regímenes dictatoriales y nuestras propias orientaciones, y ahora los intereses económicos también, por esas causas, están en juego.
El autor es jurista y escritor.
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