Ojopi: “Ley de idiomas es un absurdo, debería anularse”

El diputado de la alianza Unidad Demócrata (UD), Miguel Ojopi, sugirió ayer que se anule la ley que obliga a los funcionarios públicos a hablar un idioma nativo porque la mayoría de los servidores no la cumple, desde el Vicepresidente del Estado, el Presidente, ministros, legisladores y demás servidores públicos. Afirmó que la norma es un absurdo por su incumplimiento.

“Esto (la exigencia) es un absurdo. El castellano es el idioma en que nos entendemos todos, los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, todos manejan el castellano, por lo tanto esto es un absurdo y debería anularse (la ley), esta es una farsa”, afirmó ayer el diputado opositor.

La polémica que surgió en diciembre cuando EL DIARIO le preguntó al vicepresidente Álvaro García qué idioma nativo hablaba y si podía dar un saludo en quechua o aymara, se extendió, no solo a los candidatos a las elecciones primarias, sino a los servidores públicos desde el presidente Evo Morales, el vicepresidente García, pasando por los ministros y parlamentarios quienes en su mayoría admitieron que a pesar de la norma, no hablan uno de los idiomas nativos de Bolivia.

La propuesta de Ojopì va en ese sentido y tomó el ejemplo de los parlamentarios al considerar “un absurdo” que en una sesión camaral cada legislador se dirija a sus colegas en el idioma de su región, pocos o nadie le va a entender.

El parágrafo 7 del artículo 234 de la Constitución Política del Estado señala que uno de los requisitos para permanecer y acceder a un puesto de trabajo en la administración pública es “hablar al menos dos idiomas oficiales del país”.

La Ley 269 General de Derechos y Políticas Lingüísticas del 2 de agosto de 2012 estableció un plazo de tres años para que los funcionarios aprendan un idioma indígena según el principio de territorialidad. El plazo feneció el 2 de agosto de 2015; sin embargo, desde legisladores, ministros de Estado, hasta el vicepresidente Álvaro García tienen problemas para hablar un idioma nativo.

Al respecto, el ministro de Educación, Roberto Aguilar, dijo que no debería eliminarse la ley que exige un idioma nativo “por el principio de respeto a la lengua y cultura de cada una de las personas” ya que “genera su identidad”.

Consultado si él como Ministro de Estado habla algún idioma nativo, Aguilar admitió que no, sin embargo, aclaró que está en proceso formativo.

Señaló que aprenderá el aymara, que corresponde a la zona donde nació, que es el departamento de La Paz.

En tanto, el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, también reconoció que no habla idioma originario. Señaló que es de origen quechua, pero evitó decir algunas palabras en esa lengua.

“Hablar, no. Pero bueno he hecho plenamente algunas cosas del quechua no por el origen que tengo quechua”, argumentó.

El senador Pedro Montes del MAS afirmó que no está de acuerdo en eliminar el requisito de que un funcionario público hable algún idioma originario.

Para Ojopi, la mayoría de los funcionarios públicos viola la Constitución porque al ser sometidos a un examen seguro que se aplazan y sus certificados de saber un idioma nativo serían “documentos falsos” ya que no tienen sustento.

“Si yo presento un certificado de que hablo un idioma y no lo hablo, estoy presentando un documento falso, eso es falsedad ideológica, y por lo tanto yo no puedo entrar a ese juego”, apuntó.

Además argumentó qué sentido tiene que él hable tacana o cavineño, idiomas nativos de Pando, si en el Legislativo nadie le va a entender.

“Yo no puedo entender aquí en el Parlamento a los que hablan aimara y quechua, en todo caso yo soy el que debería entender quechua y aimara porque estoy aquí en el epicentro político del país, pero si yo hablo cavineño quién me va a entender”, cuestionó.