Siempre se ha sostenido que nuestro país “es potencialmente minero” y que “toda inversión confluye en la minería”; pero la realidad se muestra diferente porque, según estudios realizados por especialistas y la Fundación Jubileo, las inversiones mineras en Bolivia están rezagadas comparativamente con lo que ocurre en otros países que, globalmente, reciben entre 15 a 20 mil millones de dólares de inversiones en el campo privado. Entre las limitaciones que tiene el país para no recibir inversiones están: “las regulaciones ambientales, el sistema legal; Ley 535 (no reglamentada); el régimen impositivo (no determinado), la incertidumbre respecto a demandas sobre tierras en disputa, barreras comerciales, falta de datos geológicos”.
El poco o ningún avance en la realización de la “carta geológica” tiene también que ver con la ausencia de inversiones, pues en el año 2016 solo llegó al 45,7 por ciento mientras que Perú y Chile alcanzaron el 100 por ciento. La dependencia de qué hará Comibol, pesa mucho en la posibilidad de invertir porque, siendo la empresa estatal la mayor del país y que tiene muchísimas concesiones mineras y no se sabe qué es lo que hará en el futuro pese a que se reitera cada vez la “intención de reorganizarla completamente” y hay cambio de sus autoridades casi periódicamente, es factor que resulta negativo y evita la confianza necesaria para saber qué hará el sector privado.
Mucho se dice que con la Ley 466 de la Empresa Pública de 2013 que hará de “Comibol una empresa productora, que propugne el desarrollo nacional, que vaya a la industrialización”, esta ley no se ha cumplido “lo que hace que sea una suma de empresas autónomas y no la Corporación que dice la ley de Minería”. Muchos son los elementos que muestran dificultades en la minería privada pese a que se asegura que la minería es uno de los sectores más importantes generadores de empleo. En el ámbito nacional, “a pesar de que la renta minera que captura el Estado es baja, la actividad genera entre 2.500 a 3.600 millones de dólares por año (de ingreso bruto), de los cuales apenas 300 millones de dólares ingresan a las arcas públicas, quedando el resto en manos privadas (sin tomar en cuenta los factores de costo), como dinamizador de otros sectores, en particular de la construcción y el comercio”. Respecto a los operadores, “el sector privado está a cargo del 60% de la producción, la estatal Comibol, 8% y las cooperativas tienen aproximadamente 30% de la producción”.
En los últimos años se ha sostenido la necesidad de dar capital importancia a la minería, incluido el Precámbrico, pero, más han sido las intenciones que los hechos. Es preciso, pues, que el gobierno planifique la política minera y le dé la importancia que tiene porque, de otro modo, estaremos siempre a la zaga de las inversiones tanto en el campo privado como el público. Finalmente, es necesario que se dé mucha importancia a la minería que, en todos los países, es factor importante para el desarrollo y, si se industrializa, adquiere dimensiones muy grandes para contribuir al crecimiento económico.
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