Jorge Santistevan Justiniano
Cesare Battisti, italiano catalogado por la justicia de ese país como terrorista, esperaba la protección y el refugio político del gobierno socialista de Evo Morales, así como lo había logrado temporalmente en Francia y últimamente en Brasil con el ex presidente Lula Da Silva. Fue miembro del grupo criminal “Proletarios Armados por el Comunismo” (PAC), brazo armado de las Brigadas rojas durante las décadas de 1960 y 1970. Battisti fue juzgado en Italia en 1993 y condenado a perpetuidad por cuatro homicidios y complicidad en otros asesinatos, así como destrucción de bienes públicos, privados y ocultación de armas. En 2009 consigue refugio político y Lula Da Silva niega el pedido de extradición de Italia; finalmente el 13 de diciembre del año pasado un juez de la Corte Suprema Federal de Brasil emitió una orden de captura en su contra y el gobierno del presidente Michel Temer ordenó la extradición reclamada por Italia.
Luego de ser capturado el pasado sábado 12 de enero en Santa Cruz, el presidente Jair Bolsonaro manifestó que éste fue compañero de ideas del gobierno más corrupto del mundo (PT) y agradeció a los organismos que hicieron posible su captura, sin mencionar al gobierno de Bolivia. Esta operación fue producto de una planificación ULTRA SECRETA por un equipo grande de organismos de inteligencia de Italia, Brasil y Bolivia, integrados por Agentes Antiterroristas de Italia y el servicio de cooperación Internacional, también por la Policía Federal del Brasil y la Interpol de Bolivia. Fue un trabajo combinado, cuyo resultado fue la captura de Battisti a cargo de los agentes policiales bolivianos.
Sin embargo, algunas personalidades ligadas al actual gobierno, como el hermano del Vicepresidente, el ex Ministro de Gobierno y el Defensor del pueblo, cuestionan la extradición de Battisti, tergiversando la situación de un prófugo de la justicia con la de un perseguido político, reacción totalmente errónea y preocupante para tomar en cuenta. No obstante cabe aclarar que el sujeto en cuestión ingresó a Bolivia ilegalmente y no estaba en condición de refugiado político, por tanto no aplica la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, menos la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Ley de Protección a Personas Refugiadas; porque se trataba de un condenado a cadena perpetua.
En este caso se aplicó un procedimiento en el marco del Derecho Internacional Público, en el cual Brasil y Bolivia se sujetaron a la doctrina de la Unión Internacional y de la Obligación Jurídica, que exige a los Estados la entrega del culpable aun en ausencia de tratados, como una obligación moral. El concepto de extradición es el acto por el cual un Estado entrega a una persona acusada de crimen o delito, al Estado que tiene el derecho de juzgarla o castigarla. Seguramente para los socialistas este pluriasesino sea un mártir político, pero lo cierto es que su detención seguida de extradición constituye un estímulo para los 60 millones de italianos y se concretó un sueño para las familias de las víctimas; ahora se espera que la justicia haga el resto.
Finalmente, esta operación fue producto de una sinergia de colaboración internacional que debe regir siempre con el fin de reprimir el crimen, por encima de una hipócrita “moral ideológica o revolucionaria”.
El autor es Cnl. (Res), abogado, profesor universitario.
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