Como resultado del proceso de colonización en que se encuentra el país, en relación con modernos imperialismos, y nuestra condición de monoproductor, sometido a la cotización internacional de los precios de las materias primas, en particular gas, zinc, oro, plata, estaño y soya, Bolivia se encuentra amenazada de caer a un precipicio insondable.
Ese estado de cosas se ve agravado debido a políticas erráticas que, en momentos de bonanza, no supieron ser aprovechadas para sacar a Bolivia de la condición de colonia dependiente y convertirla en nación con profundo sentido democrático (en el sentido económico), evitando así la restauración de las épocas de dependencia colonial, no solo económica sino política, de potencias imperiales de nuevo cuño, más implacables, de características totalitarias y dictatoriales, que las tradicionales.
Ese panorama se fue acentuando en últimos decenios por la alienación, ineficiencia y corrupción en esferas oficiales, debido al malogro de la exploración de nuevos yacimientos de hidrocarburos y el fiasco de otras perforaciones, entre las que se destaca la de Lliquimuni, en el norte de La Paz. Pero a esa frustración, que le costó a YPFB casi 200 millones de dólares, ahora se suma otra de mayor magnitud y, según informaciones iniciales, se trataría del catastrófico fracaso en la perforación del pozo Boyuy X2, que alcanzaría a los 8 mil metros de profundidad y en el cual se habría gastado otros 150 a 200 millones de dólares, por tratarse de una operación tal vez única en el mundo, pozo operado por un consorcio liderado por Repsol.
La posibilidad de alcanzar éxito en ese último caso, era la esperanza no solo de las esferas oficialistas, sino del pueblo boliviano, que veía en esa forma una posible recuperación de su economía, pero esta vez no con fines de jolgorio, sino para que el país pase de la condición de colonia a nación soberana. Pero este lamentable caso tendrá repercusiones políticas y sociales de consideración en un año de inquietud política interna y externa.
Bolivia obtuvo durante los trece últimos años 37.443 millones de dólares de renta petrolera, según menciona YPFB en el Anuario 2018 (que en realidad pasarían de los 45 mil millones de dólares), cifra verdaderamente asombrosa, como jamás recibió el Estado boliviano. Pero en vez de que esa suma multimillonaria sirva para liberar al país de la condición monoproductora y dependiente, lo ha encadenado a potencias imperiales más depredadoras, de las que hoy dependemos para obtener créditos, ayudas, etc., condiciones imitables a las de tiempos del coloniaje ibérico.
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