Funcionarios se esconden en la victimización

En las últimas semanas al menos tres funcionarios públicos recurrieron a la victimización mediática para evitar responder a las denuncias en su contra u ocultar sus propias faltas. María Eugenia Choque, presidenta del TSE; Gisela López, ministra de Comunicación, y Demetrio Pinto, alcalde de Colomi, quienes acusan a sus detractores de acosadores, machistas, racistas y discriminadores.

El neo lenguaje promovido por el globalismo y la progresía ha provocado que palabras como “misógino” adquieran carácter jurídico penal. Con esa etiqueta, algunos grupos colectivistas presionan a la administración de justicia para reivindicar sus causas.

En ese marco, la clase política ha visto a la victimización como una salida a sus conflictos en razón al cargo. Tal es el caso de la presidente del Tribunal Supremo Electoral - TSE, la Ministra de Comunicación o el Alcalde de Colomi.

La titular del TSE es centro de las críticas desde la habilitación del binomio de mandatarios – candidatos el pasado 4 de diciembre de 2018. Las plataformas ciudadanas, los movimientos cívicos y la oposición partidaria ve en ella una persona de poca confianza en la administración de los procesos democráticos próximos, como las elecciones primarias del 27 de enero, pero sobre todo las elecciones generales de octubre.

Choque ha reaccionado acusando a sus detractores de ser racistas y discriminadores, porque ella es una mujer indígena de pollera.

“Yo estoy sufriendo racismo y discriminación por mi condición de mujer aymara y quiero ser muy clara, porque es un racismo simbólico estructural que yo estoy viviendo durante estos últimos tiempos”, declaró la pasada semana a radio Éxito, luego de la polémica por el despido de una docena de funcionarios encargados del control biométrico y padrón electoral.

El periodista Andrés Gómez, a través de sus redes sociales, respondió en quechua a la cabeza del TSE, negando que su caso se trate de un hecho de racismo sino que la sociedad la cuestiona por su clara afinidad al partido oficialista y su accionar en procura de vulnerar el voto ciudadano del referendo del 21 de febrero de 2016, un proceso que el propio ente electoral administró.

En tanto, la Ministra de Comunicación apeló al discurso del machismo y la misoginia para defenderse de las denuncias y acciones penales que activó la bancada de Unidad Demócrata por la difusión de una encuesta de intención de voto fuera de norma.

La funcionaria es sindicada de haber utilizado fondos públicos para financiar una encuesta partidaria que favorece al mandatario – candidato Evo Morales y que se publicó en cinco periódicos: El Deber, La Razón, El Potosí, Correo del Sur y La Estrella del Oriente. Del caso surgieron desde los senadores Arturo Murillo y Óscar Ortiz acusaciones por malversación y delitos electorales, a ellos se sumó la crítica del exprefecto y asesor de Carlos Mesa, Carlos Hugo Molina.

“¿Coincidencia? Tres hombres: dos senadores, Ortiz y Murillo, y Molina, el operador político de Mesa, se unen para atacar a una mujer. No provocan miedo. Causan vergüenza ajena. El separatismo y el gonismo pelaron capucha. Van en diferentes fórmulas, pero comparten el mismo machismo”, publicó López, ayer, en dos tuits.

Para la analista política y exdiputada Ericka Brockmann, este no es un caso de machismo sino un acto de fiscalización que no debe confundirse.

“El acoso político es un problema muy serio, pero no debe ser instrumentalizado de forma política. El tema de fondo es la vulneración de todos los instrumentos de la democracia en favor de un interés partidario”, expuso la intelectual en Fides.

El senador Murillo acusó a la funcionaria de “esconderse” debajo de etiquetas como la misoginia, pero no manifestarse en la misma línea por recientes dichos de Evo Morales, quien volvió a bromear con las mujeres este lunes en un acto oficial.

López, por su lado, emprendió una campaña de desprestigio contra el senador opositor en las redes sociales. Sectores afines al régimen convocaron a un “tuitazo” contra la violencia de género, mientras la funcionaria lanzó duras palabras contra Murillo. “Cada aparición suya es una indecencia a la ética y a la estética. Su peor castigo es mirarse todos los días al espejo, donde su reflejo es pura maldad y desviación”.

Finalmente, Demetrio Pinto, alcalde oficialista por Colomi, que había amenazado a la oposición con “enterrarlos vivos” si llegaban en campaña a ese municipio del trópico cochabambino, ahora acusó a los medios de comunicación y las redes sociales de denigrarlo.

“Los medios de comunicación han exagerado lo que dije para influenciar en la población, también han tergiversado, denigraron y crearon discriminación contra mi persona y a nombre de la libertad de expresión, por una metáfora”, declaró, según reporte de ANF.

Luego de lanzar su advertencia política, el alcalde del MAS ahora se siente discriminado y amenazado.

La oposición en Cochabamba dijo que Pinto demuestra cobardía política y confirmaron que ingresarán a Colomi en las siguientes horas para visitar ese municipio. (Visor Bolivia)