SIP condenó bloqueo oficial de insumos

Miami.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó ayer el bloqueo de materia prima por parte del Gobierno de Nicaragua que denuncian los periódicos La Prensa y El Nuevo Diario, así como el hostigamiento a los medios en general.

"La censura indirecta es el mecanismo acostumbrado del régimen del presidente Daniel Ortega, exactamente igual al utilizado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro", lamentó María Elvira Domínguez, presidenta de la SIP.

Aseguró que ello busca "coartar a los medios de comunicación, imponiéndole trabas en la adquisición de los insumos necesarios para producir sus publicaciones".

La SIP, con sede en Miami, instó al Gobierno de Ortega "explicar de manera transparente las razones por las que impide el acceso a la materia prima y pone en riesgo la operatividad de los diarios".

Advirtió de que esta nueva escalada de hostigamiento contra la prensa nicaragüense representa una coerción administrativa, mecanismo que la institución viene denunciando desde que Ortega asumió en 2007.

DENUNCIA

La Prensa denunció esta semana que ambos periódicos están en riesgo de desaparecer y anunció la reducción de 16 a 12 el número de páginas, "como medida de emergencia ante el abuso estatal".

Explicó que las autoridades mantienen desde septiembre pasado "secuestrados planchas, gomas y reveladores de uso de la rotativa en la que se imprimen los periódicos del Grupo Editorial La Prensa".

"Una vez más Ortega está irrespetando lo establecido en convenciones internacionales en las que se advierte que las restricciones a la circulación de los medios", manifestó Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad e Información de la SIP.

La SIP instó al Gobierno de Ortega a respetar el derecho del pueblo de Nicaragua a saber y a estar informado, y a que permita la circulación y publicación de los diarios.

CANAL DE TV

El canal de televisión independiente 100 % Noticias perdió ayer su casilla en el servicio de cable de mayor audiencia en Nicaragua, casi un mes después de que sus instalaciones fueron ocupadas por policías y parte de su personal fue arrestado, en medio de la crisis sociopolítica que afecta al país.

Además, el canal 100 % Noticias era transmitido en la casilla 63 del servicio de cable hasta el 21 de diciembre pasado, cuando fue intervenido por un operativo policial, y desde entonces permaneció en silencio y con la pantalla oscura.

La mañana de ayer en la misma casilla apareció el canal Az Mundo, de origen mexicano, en medio de una reorganización general de los canales de televisión por cable.

Diferentes clientes de la televisión por cable expresaron su descontento a través de redes sociales.

El dueño del 100 % Noticias, Miguel Mora, y la periodista de doble nacionalidad nicaragüense y costarricense, Lucía Pineda, permanecen en prisión desde el 21 de diciembre.

SISTEMA

El cambio en la programación del sistema pago de televisión ocurrió en la misma semana en que los periódicos El Nuevo Diario y La Prensa denunciaron graves afectaciones a causa de la retención de materias primas, como papel y tinta, por parte de la Dirección General de Aduanas (DGA).

Datos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro indican que entre abril y diciembre pasados se registraron al menos 712 casos de violación a la libertad de prensa, incluyendo agresiones, censura, amenazas y asesinatos, entre otras transgresiones.

Al menos 57 periodistas nicaragüenses han salido al exilio desde abril pasado, en su mayoría por razones de seguridad, según el recién fundado movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua.

El periodismo es considerado una de las profesiones más peligrosas en Nicaragua desde el inicio de la crisis, cuando el comunicador Ángel Gahona murió de un disparo certero mientras cubría maniobras de la Policía Nacional, y los supuestos autores del crimen fueron condenados por el Poder Judicial a pesar de que los testigos, vecinos y familiares de la víctima alegaron su inocencia.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado. (EFE)