Dos Generales y coroneles aprehendidos

Los hechos de corrupción en los centros de formación de la Policía Boliviana llegó a los mandos de alto nivel y para fines investigativos fueron aprehendidos el Rector de la Universidad Policial (Unipol) general Vladimir Q., el vicerrector coronel Ruben V.Q, el asesor jurídico de la Academia nacional de Policías (Anapol) teniente coronel Héctor H. I. R. y el exinspector general de la Policía Wálter L.

El curso de las investigaciones determinará la implicación, o no, de los oficiales de Policía aprehendidos, afirmó el ministro de Gobierno Carlos Romero, tras señalar que “cuando menos la inspectoría no ha cumplido sus deberes, no ha hecho una buena supervisión”, tomado en cuenta que las investigaciones muestran, aparentemente, un proceso de contratación viciado por “empresas fantasma” que formaban parte de una red criminal.

La autoridad no descartó la posible existencia de nuevos elementos que involucren a los aprehendidos, entretanto, el exinspector general, al igual que los otros implicados, deberán presentar sus descargos al igual que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público aportar con elementos investigativos para establecer el grado de participación de los sindicados.

El avance de las investigaciones da cuenta de indicios de responsabilidad en el proceso de contratación de las empresas, porque no se ha verificado debidamente el cumplimiento del pliego de especificaciones como tampoco se tomaron decisiones oportunamente, a pesar de las contravenciones a la norma.

DETENCIÓN PREVENTIVA

En tanto, la juez tercero anticorrupción, Claudia Castro, en audiencia de medidas cautelares determinó el encarcelamiento preventivo de Luis Fernando D. J representante de las empresas Anstergung, y David H.M. de Sipcoes SRL, ambos en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz.

“El Ministerio Público ha aportado los suficientes indicios a efecto de emitir los requerimientos de imputación contra los representantes de ambas empresas, una abocada a la evaluación psicológica y la otra al área cognitiva de los postulantes a la Anapol”, puntualizó la juez.

Las consideraciones para tomar la decisión judicial tienen que ver con el tiempo que hubieran permanecido las pruebas en poder de las empresas, siendo que los formularios de evaluación tienen mecanismos de seguridad con código de barras al que sólo las empresas tienen acceso.

“A tiempo de realizar el compendio de la información mediante el departamento de informática, que componía una de las empresas, se hubieran modificado, aparentemente. Había un examen de una postulante que hubiera obtenido 35 puntos de calificación y en el examen parece con 90 puntos de nota después del traspaso de la información”, puntualizó Castro.

Con relación a la valoración psicológica, estas hubieran tenido indicaciones y detalles de las deficiencias en las pruebas, aspecto ya propuesto en la primera imputación.

A decir de la autoridad judicial, la defensa de los empresarios ha extrañado que el Ministerio Público no hubiera propuesto de forma detallada los elementos de prueba, sin tomar en cuenta que la judicialización de las pruebas es en audiencia de juicio y no así en audiencia cautelar que es la etapa en la que nos remitimos a los indicios colectados.

Por otro lado, las empresas hubieran impreso remanentes de la prueba que han llegado a ser filtrados a bastantes postulantes a la Academia.

“El fundamento central es el ingreso al programa informático de las evaluaciones y esto necesariamente involucra a las empresas, porque al momento de llegar la licitación han comprometido transparencia de acuerdo con la Ley 1178 y ellos mismos han vulnerado, ello conlleva a la probabilidad de la autoría del delito”, explicó la juez al remarcar que las denuncias de los padres de familia señalan el manejo informático de los exámenes.