Investigarán a miembros de alta comisión interna

Las investigaciones por los hechos de corrupción en la admisión de los postulantes a la Academia Nacional de la Policía (Anapol), se ampliaron contra los miembros de la Comisión de Máxima Instancia (CMI), porque se encontraron indicios en su contra por no fiscalizar ni supervisar el proceso de evaluación.

“Por órdenes superiores se ha hecho la ampliación de la denuncia contra los miembros de la Comisión de Máxima Instancia (CMI). Los miembros de esta comisión estaban encargados de hacer el monitoreo y la fiscalización de todo este procedimiento de admisión de los cadetes, se ha podido detectar anomalías y ligereza en esta labor que se les ha encomendado de forma temporal”, informó el abogado del Ministerio de Gobierno, José Duchen.

El jurista explicó que los indicios apuntan que estas personas incumplieron con sus deberes a la hora de supervisar el proceso, aunque la investigación puede individualizar la responsabilidad de cada uno de ellos.

La comisión está compuesta por un delegados de los ministerios de Gobierno (Enrique Nogales). Salud y Educación, de estas dos últimas no están además de dos representantes policiales, el vicerrector de la Universidad Policial (Unipol) (Cnl. Vicente Quiroz) y un representante del Comando General de la Policía (Gral. Walter Lizeca) ambos están aprehendidos.

Duchen manifestó que los tres delegados ministeriales se presentaron anteriormente a declarar ante la comisión de fiscales en calidad de testigos, pero al encontrar indicios suficientes para determinar su culpabilidad se los convocará nuevamente para ampliar sus versiones.

Según la Resolución Suprema Nº 08432/2012 de octubre del 2012, establece que el delegado del Ministerio de Gobierno preside la comisión, pero las decisiones se toman de forma unánime y con la aprobación de todos los representantes.

El delegado de esa cartera de estado era Enrique Nogales, que en los pasados días fue desvinculado de esa instancia. La exautoridad presentó un informe el pasado 5 de diciembre donde daba cuenta las irregularidades que se habían registrado en el proceso de admisión. Sin embargo, la revisión de los 351 expedientes después de que se realizó el cambio de los exámenes.

INVESTIGACIÓN

Según las investigaciones de la Policía, la Comisión de Máxima Instancia es la que elaboró las preguntas y respuestas que estaban en los exámenes psicotécnicos y de conocimiento, solo ellos tenían acceso a esa información. A través de un tercero, que es Juan Carlos Aquise asesor pedagógico de la Unipol, es que estos exámenes llegaron a manos del teniente Tiñini.

Anteriormente el fiscal de materia, Samuel Lima indicó que tras la tabulación de los exámenes de conocimiento la CMI tenía cinco horas para la publicación de las notas, pero estos se realizaron en al menos 12 horas, lo que hace presumir que en esa instancia se fraguaron las pruebas.

Otra de las observaciones que se hace a la CMI es que ellos estaban a cargo de la ejecución de los contratos con las empresas Psicoes SRL y Anstrengung, de forma más precisa el general Quiroz quien aprobó el proceso de contratación y firmó el contrato con las dos firmas, además designó como delegado de la Unipol a la CMI al coronel Quinteros.

PROCESADOS

El comandante general de la Policía Boliviana, general Rómulo Delgado informó que ya son 11 personas procesadas por los hechos de corrupción en la admisión de postulantes a la academia, son siete funcionarios policiales y cuatro civiles. De esta cantidad siete fueron aprehendidos en las últimas horas y cuatro están con detención preventiva.

En las últimas se aprehendieron al asesor pedagógico de la Unipol, Juan Carlos Aquise; a los sargentos Ludwing Clark Tarqui y Zulma Salazar, quienes actuaron como captadores, ofrecían una plaza en la Anapol.

El jueves por la noche fueron aprehendidos el exinspector general de la Policía, general Wálter Lizeca; el exdirector nacional de Instrucción y Enseñanza y exrector de la Universidad Policial (Unipol), general Iván Quiroz; el exvicerrector de la Unipol, coronel Vicente Quinteros, y el exasesor jurídico de la Anapol, teniente coronel Hugo Illanes.

Todos se encuentran en celdas judiciales a la espera de la audiencia de medidas cautelares, donde el Ministerio Público está pidiendo la detención preventiva de cada uno de los autores, porque existen indicios suficientes para sustentar su participación en el hecho de corrupción.