Seis de ochos funcionarios públicos que eran cómplices del consorcio de abogados, donde Jhasmany T. era el cabecilla, fueron enviados a centros carcelarios de Cochabamba por determinación del juez Israel Claros.
La autoridad jurisdiccional dictó detención domiciliaria para el fiscal de materia Mauricio O., además debe pagar una fianza de 50 mil bolivianos, arraigo y no puede relacionarse con funcionarios policiales, miembros de la Fiscalía o testigos del caso.
Por otro lado, los policías involucrados en este caso hicieron desaparecer los discos duros de las computadoras que fueron secuestradas de la oficina del principal imputado.