Cárcel para dos jefes policiales por corrupción

La juez Segundo de Instrucción Cautelar, Wiat Belzu, determinó la detención preventiva en la cárcel de San Pedro para los seis funcionarios policiales y el asesor pedagógico de la Universidad Policial (Unipol). Entre ellos están los generales Walter Lizeca, exinspector de la Policía Boliviana, y el rector de esa instancia, Iván Quiroz, ambos eran miembros del Comando General, encabezado por Faustino Mendoza.

El fiscal de materia, Samuel Lima, indicó que el asesor pedagógico de la Unipol, Juan Carlos Aquise, y el sargento Ludwing Clark; el exvicerrector de la Unipol, Cnl Vicente Quinteros, y Tcnl Héctor Illanes, también fueron remitidos al mismos recinto penitenciario, la audiencia de este oficial fue realizado por separado. La sargento Sulma Salazar, al Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes.

Fueron imputados por los delitos de cohecho pasivo propio, uso indebido de información privilegiada, uso de instrumento falsificado, incumplimiento de deberes, asociación delictuosa y uso indebido de influencias.

“Considerando que no han podido desvirtuar los riesgos procesales establecidos en el artículo 235 numeral I y II del Código de Procedimiento Penal, la juez ha determinado la detención preventiva en San Pedro para todos los varones y en Obrajes para la funcionaria policial”, informó Lima.

La audiencia se instaló al promediar las 10.00 de ayer y se prolongó por nueve horas, la defensa de los sindicados presentó el incidente de aprehensión ilegal que fue rechazado por la autoridad jurisdiccional, que además no dejó ingresar a los medios de comunicación a instalaciones del tribunal departamental.

LA PARTICIPACIÓN

La autoridad fiscal explicó que ambas oficiales del Alto Mando Policial tenían la responsabilidad de supervisar el proceso de admisión de los postulantes, además de fiscalizar los parámetros de la contratación con las empresas Antrengung y Sipcoes SRL, que estaban a cargo de los exámenes de conocimiento y psicotécnico, respectivamente.

Al respecto, Marcelo Ugarte, defensa legal de Lizeca, indicó que la Fiscalía no pudo fundamentar la participación de la autoridad policial en este caso, aseguró que hizo conocer las irregularidades en el proceso de licitación para la contratación de las empresas, incluso se anuló este mecanismo en dos oportunidades.

El fiscal Miguel Aramayo puntualizó la participación del exvicerrector de la Unipol, Cnl Quinteros, dijo que esta autoridad fue parte directa de la firma de los contratos con ambas empresas y no verificó que estas no contaban con la experiencia requerida, además de que eran ilegales.

Al respecto, Juan Pinilla, apoderado legal de la autoridad, también alegó que los representantes del Ministerio Público no explicaron cuál era la participación exacta de su cliente en este proceso.

“Lastimosamente hay una política clara que asume el Órgano Judicial, es una persecución totalmente ilegal. Todos están en la misma bolsa, no se hizo una discriminación en la participación y del grado de responsabilidad de cada uno de los coprocesados”, cuestionó.

En el caso de los dos sargentos, Aramayo dijo que se pudo establecer que ambos actuaban como reclutadores, ofrecían a los postulantes ingresar a la Academia a cambio de la entrega de un cierto monto de dinero. Aseguró que estos recibieron dadivas por parte de los estudiantes.

El asesor pedagógico de la Unipol también fue implicado en estos ilícitos, según el ministerio púbico este habría entregado los exámenes escritos con las respuestas al teniente Freddy Tiñini que esta con detenido preventivamente en San Pedro.

En relación a esa sindicación, Grover Salazar indicó que su cliente no tenía acceso a esos exámenes y que cumplía otras funciones en esa instancia policial, estaba a cargo de los cursos de postgrado.

EXÁMENES

La audiencia cautelar del exasesor jurídico de la Unipol, teniente coronel Héctor Illanes, se realizó por separado, comenzó a las 06.30 de ayer, después de que fuese suspendida por la juez de turno.

El Ministerio Publico señaló que esta autoridad era parte del comité de evaluación e hizo el traslado de los sobres con las pruebas de la Academia nacional de la Policía (Anapol) hasta las instalaciones de las empresas que se adjudicaron el proceso de admisión. Este procedimiento debió realizarlo en compañía de tres funcionarios más, pero lo hizo de forma unilateral.