Detención preventiva para seis de ocho implicados en consorcio

Seis de los ocho funcionarios públicos que eran cómplices del consorcio de abogados, donde Jhasmany T. era el cabecilla, fueron enviados a diferentes centros carcelarios en el departamento de Cochabamba. El vocal de La Sala Penal Tercera, César Nelson P. A., y el fiscal de materia Mauricio O., fueron beneficiados con detención domiciliaria.

En la primera audiencia de medidas cautelares, que se prolongó por 14 horas, el juez Israel Claros resolvió la detención preventiva en el penal de San Sebastián mujeres para la vocal Anawella P., el esposo de la vocal, Yuri T., fue remitido a San Sebastián varones. Los cuatro policías: Carlos P. a la cárcel de San Antonio, Hugo M. a San Pedro de Sacaba, Jorge T. a San Pablo de Quillacollo y Adán S. a la carceleta de Arani.

En tanto, la autoridad jurisdiccional dictó detención domiciliaria para el fiscal de materia Mauricio O., además debe pagar una fianza de 50 mil bolivianos, arraigo y no puede relacionarse con funcionarios policiales, miembros de la Fiscalía o testigos del caso.

En una segunda audiencia cautelar, que presidió la juez cautelar número 6, Carmen Ticona determinó detención domiciliaria para Cesar Nelson P. A., vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Cochabamba,

El representante legal Rolando Magne dijo que apelará la determinación de la autoridad jurisdiccional, ya que se evidenciaron irregularidades en la aprehensión de su cliente. Horas antes de la audiencia de medidas cautelares, fue notificado que será investigado en este caso.

NEXOS

La audiencia se instaló a las 11.10 del sábado, la primera intervención fue del Ministerio Público, la fiscal Faridy Arnés explicó el grado de participación de la vocal Anawella T. P. y su esposo. Ambos fueron identificados como tíos de Jhasmani T.

La autoridad explicó que la vocal recibió pagos por firmar las resoluciones que Jhasmani elaboraba para favorecer a sus clientes en los casos que llegaban a sus manos. Entre uno de ellos se identificó el feminicidio de Chokoburguer, las hermanas Adriázola, entre otros, señala el portal digital de Los Tiempos de Cochabamba.

También se detalló cuál era la presunta participación del fiscal Mauricio O. El vínculo identificado fue a partir de su hijo, quien trabajaba en el consorcio Lecrere y Asociados. Sin embargo, el aludido indicó que descubrió que su hijo prácticamente se encontraba bajo presión.

PÉRDIDA DE EVIDENCIAS

La fiscal también expuso el rol de los funcionarios policiales, todos fueron vinculados con el cambio de tres discos duros que se extrajeron de las computadoras secuestradas en el allanamiento a la oficina del abogado. Esto generó que se perdiera mucha información.

“El abogado refirió que cuando se abran los CPU terminaría el sistema judicial, pero resulta que cuando se vio el contenido estaban completamente vacíos, confirmando que se habían cambiado”, señaló la fiscal.

FUNCIONES CUESTIONADAS

El vicepresidente Álvaro García se refirió a los policías que están involucrados en este caso, cuestionó la actuación de los malos funcionarios policiales porque se benefician en razon del cargo. Advirtió que el Estado actuará con celeridad en los casos de corrupción donde estén involucrados servidores públicos.

“Indignante y abominable de cómo se hace abusó de la profesión, pero muy contento por la velocidad con la que se está operando. Ante el menor indicio de corrupción, maltratos y abusos, el Estado está al fin respondiendo con una velocidad sorprendente”, manifestó.