En tiempos recientes el país es escenario de la aplicación de toda clase de programas ideológicos, a cual más audaces, sin que, finalmente, ninguno de ellos tenga el éxito esperado por sus auspiciadores. Uno de esos últimos intentos consiste, por un lado, en aplicar una política económica de hacer crecer en forma elefantiásica la empresa estatal y, por otro, destruir deliberadamente a la empresa privada. Más propiamente, la iniciativa estatal ha declarado la guerra a la empresa privada, sin tomar en cuenta, ni mucho menos, las experiencias frustradas tanto a nivel local como mundial que, como mostraron los hechos, en casi la totalidad terminaron en fracasos absolutos.
La política económica de origen oficial destina toda clase de ayudas económicas, políticas y legislativas a favor de empresas públicas (muchas de ellas de nivel faraónico), otorgándoles créditos ilimitados, bajos intereses, beneficios sociales, etc., tratando de imponer un modelo económico, aunque tenga resultados de ineficiencia, pérdidas, etc. Pero más a la corta que a la larga, está destinado a convertirse en un enorme cero, que la opinión pública lo ha calificado de política de “elefantes blancos” y cuya lista es interminable.
Entre tanto, la empresa privada, en especial la industrial, está sometida a una ofensiva virulenta destinada a destruirla en su totalidad, con el fin de hacer posible que solo exista la de tipo estatal. En esa forma, el sector privado está sometido a la férula de aumentos salariales, de fijación de sueldo mínimo, aplicación del doble aguinaldo y otros, sin considerar, ni mucho menos, otros aspectos como la caída de las fuerzas productivas y productividad, el crecimiento de la informalidad, la burocracia, el contrabando, la competencia oficial, sin hacer referencia al trato discriminatorio, el acoso con los tributos, deudas atrasadas de las entidades públicas en desmedro de entidades privadas, discriminación y otros.
Esa ofensiva estatal contra la empresa privada nacional (cuya enorme importancia es negada por apreciaciones subjetivas) se opone a la expansión de este sector, con políticas regresivas y ajustes sucesivos que determinan su menor crecimiento interno, fomento a la informalidad, incremento de la incertidumbre, aparición de conflictos laborales y sociales que, en general, determinan la erosión de la institucionalidad, descontento social, desempleo, oposición a la creación de nuevas fuentes de trabajo e impide elevar el nivel de vida de la población en general.
En las actuales condiciones, resulta imposible facilitar inversiones privadas, no es posible expandir el mercado interno, fortalecer al sector, etc., balance general que trata de ser disminuido con planes parciales y de remoto funcionamiento, como los puertos hacia el océano Pacífico en Perú y hacia el Atlántico por el río Paraguay, el proyecto del ferrocarril bioceánico, construcción de carreteras y otros de largo plazo.
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