Caso consorcio de jueces paralizado

Las investigaciones sobre el consorcios de jueces, fiscales y abogados que implican a la exfiscal Susana Boyán, a los exjueces Gladys Guerrero y Roberto Mérida, denunciados en noviembre del pasado año aún no iniciaron, los sindicados no fueron convocados por la Fiscalía para prestar sus declaraciones informativas, denunció ayer el abogado Jhony Zeballos.

El jurista señaló que la denuncia sobre la existencia de esa articulación delictiva, con fines de favorecer determinados procesos judiciales, fue planteada el pasado 6 de noviembre de 2018 y fue admitida el 5 de diciembre, un mes despúes, y hasta la fecha, ninguna de las personas implicadas han sido convocadas a declarar con fines investigativos.

“Han pasado ya 50 días desde la denuncia y no se ha tomado ninguna acción en este caso, no entendemos por qué no se han tomado acciones y ni siquiera convocarlos a declarar”, señaló.

A decir del jurista, la actuación del Ministerio Público pareciera que tiene la intencionalidad de proteger a exautoridades judiciales implicadas en casos tan complejos, como el denominado “caso Alexander”, que han merecido el rechazo de toda la población, y que a la fecha cuyos presuntos responsables de una investigación errada y una sentencia ilegal ni siquiera hubieran declarado.

“No entendemos por qué no se les ha convocado a declarar hasta la fecha, presumimos que existe cierta protección de parte del Ministerio Público, de otra forma no entendemos cómo explicar esta situación”, señaló Zeballos.

De acuerdo con los plazos procesales en 40 días habrá concluido la etapa de investigaciones y a la fecha no se ha cumplido ningún obrado que permita avanzar en las investigaciones para establecer la verdad sobre la existencia del consorcio de jueces, fiscales y abogados que hubiera actuado en el denominado caso “bebé Alexander” y otros.

Zeballos anunció que en los siguientes días, este extremo será puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado (FGE), Juan Lanchipa Ponce, siendo que a la fecha no ha sido asignado un fiscal investigador del caso, a pesar de esta situación también ha sido reclamada mediante varios memoriales.

“Lo que se está haciendo es obstaculizar las investigaciones en este proceso y en consecuencia todos los sindicados están completamente libres como si nunca hubieran ocurrido irregularidades en varios casos a cargo de esas exautoridades judiciales. “Queda claramente al descubierto su intencionalidad de hace anular el caso”, remarcó Zeballos.

Según hubieran adelantado autoridades del Ministerio Público, la abogada Nancy Guerrero será convocada a declarar como testigo, sin embargo, las respectivas notificaciones no hubieran sido liberadas.

“El fiscal William Alave tiene conocimiento de esta situación, se le ha solicitado nos conceda audiencia, pero en dos las ha suspendido. En esa audiencia queríamos poner en su conocimiento en detalle cada uno de estos extremos y los hechos que aparejan”, refirió el abogado.

Con relación a las posibles acciones que podría tomar ante el Consejo de la Magistratura, Zeballos dijo que es también de conocimiento del ente contralor del sistema judicial, pero que al tratarse de delitos, y no infracciones administrativas, debe ser el Ministerio Público la instancia que debe actuar.

“Estamos hablando de delitos, de retardación de justicia, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la ley; todos estos aspectos deben ser resueltos en la instancia penal. Vamos a elevar una queja ante el Fiscal General de Estado, vamos a elevar nuestra denuncias ante la autoridad interina de la Defensoría del Pueblo, ante la comisión de Justicia de la Asamblea Plurinacional, vamos a hacer que tome conocimiento el Ministro de Justicia que por estos delitos de corrupción no hay juez ni fiscal enjuiciado y menos condenado” apuntó Zeballos.

“El anuncio del Gobierno de sanear el sistema judicial parece ser ‘un saludo a la bandera’, no vemos muestras claras en hechos tan preocupantes por el que merecieron del desprecios de la población”, refirió finalmente.