Pueblos indígenas que habitan el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) están preocupados por el hecho de que la construcción de la carretera San Ignacio de Moxos-Villa Tunari continúa, inclusive con la construcción de puentes; añaden que estas obras los perjudica seriamente y que 65 poblaciones se verán afectadas no solamente por el paso de dicha vía por ese amplio territorio que sería dividido en dos partes, sino por el hecho de que dará lugar a la apertura de vías pequeñas en el bosque que sean colonizadas especialmente para el cultivo de coca y “reinado del narcotráfico” en la región.
Una comisión especial del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) visitó la región y luego de superar dificultades para ingresar a muchas partes del territorio Tipnis, sacaron conclusiones que son alarmantes sobre los avances de obras en la carretera. En reunión habida con 28 representantes de las 65 comunidades indígenas que habitan en la región, fueron escuchados sus problemas y planteamientos sobre la urgencia de suspender trabajos de la carretera y sobre las incursiones de cocaleros que, para empezar, han sembrado mucha coca en el “Polígono 7”. Éstos están empeñados en conseguir mucho más territorio para esos cultivos y que sean tierras desboscadas a las riberas de la carretera que “hace tiempo fue descartada, pero posteriormente aprobada la Ley 969 en agosto de 2017, que quitó la condición de intangibilidad al territorio”, se facilitó nuevas incursiones de colonizadores cocaleros.
La comisión del TIDN, compuesta por un ecuatoriano, una estadounidense y un argentino, tuvo problemas para ingresar al Polígono 7 y no pudo hacerlo por la oposición de quienes lo habitan, alegando que “no fueron invitados”; luego de permanecer prácticamente presos durante cinco horas, retornaron sin haber logrado su objetivo de comprobar en el sitio las denuncias recibidas. Posteriormente, en reunión con las autoridades de gobierno, luego de recibir criterios y opiniones sobre el Tipnis, tanto el ministro como el viceministro de gobierno “ratificaron la intención de construir la carretera, aunque reconocieron que aún no había el diseño final de la vía ni la evaluación del impacto ambiental que causará en el Tipnis” (ED 23-XII-18).
La Comisión del TIDN, al abandonar el país, el 22 de agosto, indicó que hasta septiembre se “difundirá la sentencia final de este caso”; sin embargo, hace pocos días fue emitida dicha resolución. En días pasados circuló la versión de que “la respectiva resolución contendría condenas a lo que se hizo al no cumplir disposiciones sobre la naturaleza y sobre el caso de la carretera”.
El problema es grave y cualquier informe negativo para el gobierno tendría repercusiones de carácter internacional. Lo importante es que tanto a nivel de organizaciones internacionales como de países que conocen el problema hay conciencia de que el pueblo boliviano y sus instituciones condenan cualquier acción que se haga en contra de los derechos de 65 comunidades indígenas del Tipnis, especialmente por la construcción de la carretera que dividiría las reservas que están pobladas por muchas comunidades que no quieren ser desplazadas por colonizadores de coca y abrir bosques y selvas para explotación y destrucción de la naturaleza.
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