Piden que expertos de La Haya visiten el manantial del Silala

Ante la llegada de funcionarios chilenos liderados por el canciller Roberto Ampuero a la frontera con Bolivia, por donde fluyen las aguas de los manantiales del Silala, el diputado potosino Gonzalo Barrientos pidió al Gobierno que gestione la visita de expertos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que realicen una inspección “in situ”.

“Ante la demanda en la Corte Internacional de Justicia lo que deberíamos hacer es lograr gestionar una inspección ‘in visu’ al Silala por parte de una comisión de la Corte, ya sea a través de sus miembros o una comisión técnica que pueda delegar este tribunal y puedan verificar que el Silala son un conjunto de bofedales bolivianos y no un río como insiste Chile”, afirmó Barrientos.

El legislador potosino rechazó la postura del canciller de Chile, Roberto Ampuero, quien en su visita a la frontera con Bolivia el pasado lunes, afirmó que el Silala “es un río internacional” como dice la tesis que presentaron en la Corte de La Haya.

Barrientos recordó que “las aguas del Silala dirigidas a territorio chileno no son aguas que van de forma natural hacia Chile sino corresponde a un curso de agua artificial provocada por la mano del hombre. A partir de 1880 hacia adelante se realizaron obras de ingeniería civil que intervinieron los bofedales para provocar una corriente artificial dirigida a Chile”.

El legislador potosino, reiteró también su queja contra la Cancillería boliviana ya que según su perspectiva, el Gobierno central “no le está dando la importancia necesaria” a la demanda internacional por lo cual su bancada opositora pidió desde el año pasado un informe al Ministerio de Relaciones Exteriores.

La expectativa chilena, casi triunfalista, se sustenta en la victoria jurídica del pasado 1 de octubre, cuando la Corte con sede en el Reino de los Países Bajos, desestimó la demanda marítima boliviana por 12 votos de los 15 magistrados internacionalistas.

Bolivia pedía a la CIJ que declare que Chile tiene la obligación de negociar con el país una solución efectiva y con una salida soberana al Pacífico, en tiempo prudente y de buena fe. Los magistrados rechazaron los ocho argumentos nacionales, fundados en la hipótesis de que documentos o preacuerdos bilaterales generan derecho.