Nueve de cada 10 mujeres son víctimas de violencia

El 68 % de los hechos de agresión contra las mujeres fueron cometidos por hombres que no consumieron alcohol, revela una reciente investigación, efectuada por el centro Gregoria Apaza, en los municipios de La Paz, Santa Cruz y El Alto, las regiones con mayor incidencia en este delito.

En el área urbana de La Paz, de los 7.672 casos de violencia denunciados, 5.698 fueron cometidos por hombres sobrios y solo 1.916 en estado de ebriedad. En el El Alto de 3.881 delitos contra las mujeres reportados, 2.418 casos de los agresores estaban sobrios, 1.210 bajo efectos del alcohol y 253 hechos pudieron ser por consumo de drogas.

La investigación da cuenta que el mayor número de agresores son estudiantes, en El Alto 51 % y en La Paz 30 %. Un segundo estrato por ocupación en la urbe paceña son comerciantes, mientras que en El Alto son choferes y comerciantes, continúan los fabriles y los de profesión libre.

Los delitos tipificados en 11.553 denuncias registradas contra mujeres e intrafamiliar entre ambas ciudades, las de mayor incidencia están relacionadas con feminicidio, tentativa de feminicidio, infanticidio, tentativa de infanticidio, homicidio culposo, rapto, violación y tentativa de violación contra niño, niña adolescente y otros abusos sexuales.

Las estadísticas con relación a varones, víctimas de violencia, la investigación realizada por el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, con el apoyo de la Unión Europea, da cuenta que por cada 3506 mujeres agredidas por hombres se reportaron 375 varones víctimas de violencia en El Alto, mientras que en La Paz por 6.850 mujeres agredidas se conoció 822 casos de varones víctimas de mujeres violentas.

LEY Nº 348

A seis años de la implementación de la Ley Nº 348” Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, cuya aprobación es considerada uno de los avances más importantes dentro las políticas sociales orientadas a prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género su aplicación enfrenta severas limitaciones, especialmente de orden logístico estructural.

“Todavía existen debilidades institucionales y técnicas traducidas en sobrecarga procesal, escasos recursos económicos, infraestructura precaria, ausencia de personal especializado para la atención en juzgados de casos de alta sensibilidad, tales condiciones ocasionan que miles de casos queden en la impunidad y que otros sean rechazados” señala la investigación.

A estos factores, se suma la falta de personal institucionalizado y capacitado también en los Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), los Servicios Integrados de Justicia Plurinacional (Sijplu) y el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) del Ministerio de Justicia, también en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

“La sobrecarga en los procedimientos de investigación y el número reducido de fiscales investigadores en la Felcv no logra cubrir la atención a la gran cantidad de denuncias que ingresas a estas instituciones, lo que genera el desistimiento de la víctima al seguimiento de su denuncia porque le consume tiempo y dinero”, señala el estudio que entre otros indicadores dice que cada funcionario debe atender hasta 15 casos por día.

Las debilidades estructurales para enfrentar la violencia contra las mujeres y población en situación de vulnerabilidad se traducen en el rechazo de 13 mil denuncias de las 23.414 presentadas durante la gestión 2017.