Una elección insulsa

El domingo pasado se llevaron a afecto las elecciones primarias, según disposición de la Ley de Partidos Políticos, que se aprobó por la mayoría legislativa del partido que nos gobierna durante trece años consecutivos. Esta norma habría sido elaborada como proyecto, en el Tribunal Supremo Electoral, para ponerla en ejecución en las elecciones de 2025, pero el gobierno la puso rápidamente en vigencia, con algunas modificaciones, en un calendario apretado que no permitió a los partidos políticos reorganizarse, pues fue el mismo gobierno que en estos años se dedicó a perseguir a los dirigentes de partidos opositores y, en muchos casos, conseguir su exilio.

Lo que sucede es que como la sociedad civil comenzó a organizarse espontáneamente en las denominadas plataformas ciudadanas, el gobierno con objeto de anular la influencia de éstas, echó mano a la tal ley de partidos, con la pretensión de eliminar así a un movimiento ciudadano crítico que enarboló las banderas de la voluntad ciudadana en el voto emitido en el referendo del 21 F.

Tal fue el apresuramiento del gobierno, que no dejó al Tribunal Electoral ni siquiera su competencia de elaborar el cronograma para las tales elecciones primarias y se sancionó una ley cerrada para su cumplimiento. En esa disposición legal se estableció que los partidos deberían acudir a elecciones primarias para elegir a sus candidatos para las elecciones presidenciales de octubre de este año, pero tales candidatos fueron inscritos en el plazo señalado y sólo un candidato por partido inscrito, de tal manera que las tales primarias perdieron su objetivo, pues no había que elegir, puesto que los candidatos fueron ya elegidos.

La opinión pública se manifestó por dejar sin efecto las elecciones primarias, por su alto costo para el erario público, pero el gobierno interesado en “demostrar su musculatura”, como lo expresó el vicepresidente, llevó a efecto el mismo, para decir que es el partido mayoritario y legitimar en alguna medida la candidatura del presidente que está ya tres gestiones de gobierno, contra lo establecido en la Constitución Política del Estado, que sólo admite dos. Los partidos de oposición, con excepción de uno, instruyeron a sus militantes no votar.

Nos aproximamos al recinto electoral en el Colegio Loretto del barrio de San Miguel, en el que se había instalado dos mesas electorales, allí había más policías que público votante. En una de ellas se había concluido la votación, y en la hoja oficial de resultados, todos los partidos tenían cero votos, con excepción del partido de gobierno que tenía 30 votos, además de varias decenas entre blancos y nulos, lo que nos llevó a inferir que entre los votantes del oficialismo, muchos votaron en blanco y nulo, pues sólo podían sufragar los inscritos en los partidos. Además no había delegados de otros partidos que no sean los del oficialismo, es decir no hubo control electoral, y como lo mostró el programa televisivo “Postdata” el día martes en la noche, una joven llenaba votos a discreción.

Este ejercicio electoral ha sido un rotundo fracaso para las finalidades que buscaba el oficialismo, pues pese a los datos oficiales manipulados, ni siquiera su militancia (en mayoría de empleados públicos presionados) votó por sus candidatos tachados de ilegales y ahora ilegítimos, pues una vez más la mayoría de la ciudadanía les dijo ¡NO!

En algún momento, algunos o varios ciudadanos deberán responder al Estado por el gasto “insulso” de varios millones de recursos de todos los bolivianos, mal utilizados para fines de interés electoral del oficialismo.

No debemos olvidar lo que dijo el sabio griego Aristóteles: el pueblo tiene una sabiduría natural, pues sabe cuándo algo le es bueno.

El autor es abogado y politólogo.