Tres comicios por reelección costaron Bs 362,8 millones

(ANF) Las elecciones generales de 2014, el referéndum de 2016 y las elecciones primarias de 2019 son los procesos electorales más cuestionados en los 13 años del gobernante MAS, vinculados a la habilitación de los candidatos Evo Morales y Álvaro García, en los que se gastó Bs 362.859.655.

Los políticos y una activista sostienen que los más de 360 millones de bolivianos fueron “malgastados” por el Gobierno, porque ninguno de esos tres procesos electorales fue cumplido. Señalan al MAS como el responsable de su incumplimiento.

En el caso de las elecciones de 2014, los mandatarios volvieron a ser candidatos con la aquiescencia del Tribunal Constitucional Plurinacional; poco después de esta victoria que obtuvo en este proceso electoral, el MAS activó un referéndum el 21 de febrero de 2016 para consultar a la ciudadanía por una nueva repostulación de Morales y García Linera el 2019.

Tras su derrota, volvió a recurrir al TCP que terminó avalando la repostulación sin límites, ni restricciones, a través de la Sentencia Constitucional 084/2017. Lo que generó una ola de críticas por considerar que seis magistrados dieron un “golpe a la democracia” y un desconocimiento de la voluntad popular, expresada en el referéndum del 21F.

“No solo ha sido un gasto en el referéndum, sino han sido muchos despilfarros de este Gobierno y sucede lo mismo con los 27 millones de bolivianos en estas Primarias, que se tiran a la basura en unas elecciones que solo buscan legitimar a este binomio de Morales y García Linera”, declaró la activista, Xiomara Klinsky a radio Santa Cruz.

Este no fue el último recurso, el MAS convenció al TSE para realizar las Elecciones Primarias en el marco de una nueva Ley de Organizaciones Políticas, lo que aceleró la participación de los partidos políticos.

Los opositores pidieron la suspensión de las internas de los partidos por haberse inscrito binomios únicos, lo que restaba la esencia de las Primarias, pero ni el TSE ni el MAS aceptaron la idea.

“Se está malgastando millones de bolivianos solo para habilitar al candidato Evo Morales. Me parece alarmante que cuando Morales se mueve se mueve la estructura del Estado y es realmente preocupante”, afirmó el diputado Rafael Quispe a ANF.

La palabra de las máximas autoridades de Estado se ha puesto en duda, ambos por separado aseguraron que no volverían a las urnas, Morales dijo que retornaría a su chaco en el Chapare y García que se dedicaría a escribir y a la formación de cuadros políticos. Los dos buscan la victoria el 2019.

“Si usted va a un proceso electoral, mueve a la ciudadanía, desembolsa los recursos, y luego no respeta el resultado de ese proceso, (entonces) no tiene sentido y no vale la pena hacerlo”, comentó el diputado Wilson Santamaría.

El MAS rechaza estos criterios. El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, aseguró que no es un “despilfarro” que son procesos democráticos “profundos” en el país, los que están siendo impulsados en esta última década.

“La democracia no tiene valor, la participación del pueblo no tiene valor”, sostuvo en declaraciones a ANF.

ELECCIONES 2014 CON EL AVAL DEL TCP

Evo Morales participó de las elecciones de 2014, después que el MAS acudió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para habilitar nuevamente a sus candidatos. Consultaron sobre la constitucionalidad de un proyecto de Ley de Aplicación Normativa, sobre la Disposición Transitoria II de la Constitución Política del Estado.

Esa Disposición señala que “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”. El oficialismo sostuvo que no era aplicable a los mandatarios.

El TCP declaró constitucionales cuatro artículos (1,2,3,4) de los seis del proyecto de Ley de Aplicación Normativa, entre ellos la reelección de Morales y García.

El artículo 4 decía: de conformidad con lo establecido en el artículo 168 de la CPE, el Presidente y Vicepresidente elegidos por primera vez a partir de la vigencia de la Constitución, están habilitados para una reelección por una sola vez de manera continua.

Asimismo, argumentaron que los mandatarios fueron elegidos en vigencia del nuevo régimen constitucional; es decir, el nuevo orden que implica una nueva era jurídica, una nueva era política, basada en la refundación del Estado.

Por lo tanto, el cómputo de mandatados se tomaba en cuenta desde el 2009, así Morales y García volvieron a aparecer en las papeletas de sufragio en las elecciones de 2014; las críticas de la oposición no pudieron frenar la decisión política del gobernante MAS.

Morales accedió por primera vez al poder el 22 de enero de 2006, luego de ganar los comicios presidenciales con el 53,7 % y fue reelegido para un segundo periodo (2010-2015) con el 64 %.

El artículo 168 de la Constitución limita a dos el número de mandatos consecutivos, Morales siempre ha defendido que su primer Gobierno no es computable debido a que tuvo lugar antes de la refundación del país en 2009.

Contra toda objeción de los opositores, Morales y García volvieron a ganar los comicios generales de 2014, obteniendo dos tercios en la Asamblea Legislativa.

El Ministerio de Economía y Hacienda aprobó un presupuesto de Bs 170 millones de bolivianos, para ese proceso electoral.

REFERÉNDUM 21F

Para el referéndum del 21 de febrero de 2016 se destinó Bs 165.900.000, publicó La Razón de acuerdo a una petición de informe del diputado José Carlos Gutiérrez, para consultar a la ciudadanía si estaba o no de acuerdo con la modificación del artículo 168 de la CPE, para la habilitación de Morales y García Linera.

El gobernante MAS después de ganar las elecciones para el periodo 2015-2020, inmediatamente intentó garantizar la “cuarta repostulación” de los mandatarios 2020-2025.

El MAS buscó la vía para hacerlo. Impulsó a través de la ALP una Iniciativa Legislativa para que Morales pueda presentarse a una nueva elección que le permitiría estar en el poder hasta el 2025.

Con su mayoría en el Legislativo el MAS dio marcha a su objetivo. El TCP aprobó la pregunta que versaba en estos términos: “¿Usted está de acuerdo con la reforma del Artículo 168 de la CPE para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua?”.

Y continúa con el siguiente párrafo: “Por disposición transitoria de la Ley de reforma Parcial de la Constitución Política del Estado, se considera como primera reelección al periodo 2015-2020 y la segunda reelección del 2020 - 2025. SI - NO”.

La propuesta del oficialismo apuntaba a una reforma parcial de la Carta Magna. El No se impuso con el 51,3 % frente al Sí con el 48,7 %.

Antes de la votación el Gobierno comprometió que respetaría la votación, es más el Mandatario dijo en varias oportunidades que volvería a su chaco; el Vicepresidente que se dedicaría a la formación de cuadros en el MAS.

Pero después de un tiempo, el MAS argumentó que su derrota fue producto de la “mentira” por el caso de Gabriela Zapata, su expareja sentimental, quien comprometió a “un hijo inexistente”; la trama incluyó a una empresa china Camc que tenía millonarios contratos con el Estado, donde además Zapata ocupaba el cargo de gerenta Comercial.

EL TCP Y UNA NUEVA HABILITACIÓN

El gobernante MAS recurrió al TCP con una acción de inconstitucionalidad abstracta y consultó mediante control de convencionalidad si la reelección indefinida es un derecho.

Los magistrados que –después tres de ellos- terminaron trabajando en el Gobierno, fallaron primero por dejar en suspenso el artículo 168 de la Carta Magna, declararon la inconstitucionalidad de artículos de la Ley de Régimen Electoral y determinaron la “aplicación preferente” del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y reconocieron la repostulación sin límites ni restricciones.

La oposición condenó la Sentencia Constitucional. Advirtió que la decisión era un golpe a la democracia, a la institucionalidad del Estado y un desconocimiento a la voluntad de la ciudadanía que rechazó el 21F la cuarta repostulación.

La oposición por separado activó varias denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que realice una interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La última jugada del MAS por la legitimidad de sus candidatos

El TSE había impulsado la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) e incorporó la figura de las Elecciones Primarias para democratizar los partidos políticos en la elección de sus candidatos.

El organismo electoral propuso una aplicación progresiva de la norma y en ese marco las Elecciones Primarias hasta antes de 2024, es decir, que las internas en los partidos sea para habilitar a los candidatos presidenciales y vicepresidenciales para elecciones de 2019, entre ellos Morales y García.

Así fue, el TSE habilitó al cuestionado binomio del MAS. “La acción sumisa ante este gobierno autoritario, la expresa el TSE, que como quien lee un instructivo intrascendente, le ha dado un golpe de muerte a nuestra democracia, habilitando como candidato al dueño de todos los poderes, Evo Morales”, protestó el candidato a la presidencia, Carlos Mesa.

Se inscribieron binomios únicos, nueve candidatos presidenciales y vicepresidenciales. Para este proceso electoral el gobierno destinó 26.9 millones de bolivianos.

La oposición rechazó la norma. El senador Oscar Ortiz acusó al MAS de elaborar la ley solo para “legitimar” la candidatura “ilegal” de los mandatarios.

Pidieron la suspensión de las Primarias, propuesta que no fue acogida ni por el Órgano Electoral Plurinacional, ni por la Asamblea Legislativa.

El presidente Morales había anunciado una “waska” o paliza a la oposición, el vicepresidente, García Linera dijo que le preocuparía si el MAS obtenía menos del 50% de participación de su militancia.

En total estaban habilitados 1.715.880 militantes, de los que emitieron su voto 495.345 personas, el 29 %, según los resultados al 100 % del cómputo presentados por los vocales del TSE. Crédito: ANF, Aclo y radio Santa Cruz.