Un boliviano presentó demanda contra reelección ilegal de Ortega

La decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de admitir la denuncia contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por presentarse como candidato presidencial en violación de las disposiciones constitucionales de su país que limitaban el número de mandatos a dos, destroza el justificativo que la elección indefinida es un derecho humano inviolable. La demanda contra Ortega fue presentada hace siete años. El abogado boliviano Jaime Aparicio ha sido uno de los dos autores de esta demanda.

En su informe de admisibilidad No. 179/18, del 26 de diciembre de 2018, hecho público esta semana, la Comisión Interamericana admitió la petición presentada por Fabio Gadea, de la Alianza PLI vs Nicaragua por la alegada violación de sus derechos políticos y del principio de legalidad al permitir a Daniel Ortega presentarse para un tercer mandato presidencial consecutivo durante los comicios de 2011.

Aparicio es un abogado de reconocimiento internacional. La demanda ante la CIDH fue presentada a pedido del entonces candidato opositor Gadea. El estudio jurídico que se hizo cargo de esta demanda es Aparicio, Arp & Associates, International Legal Services, integrada básicamente por Jaime Aparicio y el abogado de nacionalidad alemana y que estudió en España Bjorn Arp, que son los representantes del afectado Gadea en Washington, D.C.

“Esta es una esperanza para todos los nicaragüenses y para el ex candidato a la presidencia Fabio Gadea de poder obtener una reparación por los graves daños que Daniel Ortega ha causado a su pueblo y a la institucionalidad democrática nicaragüense”, dijo Aparicio, quien también ha sido Embajador en Estados Unidos y ante organismos internacionales. Aparicio es un reconocido abogado y profesor de derechos humanos en la prestigiosa universidad American University.

En la demanda presentada, Gadea denunció ante la CIDH la violación de su derecho de participación política, por la aceptación ilegal de una candidatura de un contrincante político, el actual presidente de Nicaragua, José Daniel Ortega Saavedra, en cuyo contexto se han producido varias violaciones de los derechos humanos. En concreto, se alega la violación por parte de Nicaragua de los derechos consagrados en los artículos 23 (participación política), 24 (igualdad ante la ley), 25 (protección judicial), todo esto a la luz de los arts. 1.2 y 29 a) y b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Es la primera vez que un órgano internacional decide sobre la compatibilidad de las limitaciones constitucionales al número de mandatos presidenciales con el derecho a la participación política y sus efectos sobre otros candidatos que participan en las contiendas electorales”, explica Aparicio.

La Comisión Interamericana forma parte de la Organización de Estados Americanos. “La Carta Democrática Interamericana, que está próxima a cumplir sus veinte años de vigencia, simboliza la victoria de la democracia sobre los sangrientos regímenes dictatoriales de los años ochenta y actualmente está comprometida a evitar la perpetuación de regímenes que no respetan las normas constitucionales e internacionales”, afirma Aparicio.

Desde el 2011, las condiciones políticas en Nicaragua retrocedieron hasta tal punto que el país está de nuevo sometido a un régimen autocrático.

La denuncia internacional que Fabio Gadea ha presentado y el desarrollo jurídico en relación con Nicaragua y su desenlace puede impactar y repercutir también fuera de Nicaragua.

Erick Ortega