La lección de estos días es que si quieres que te vaya bien en minería en Bolivia, tienes que ser ladrón de minerales o chino.
Los ladrones de minerales de Huanuni consiguieron un triunfo cuando las autoridades decomisaron cinco toneladas de mineral de estaño pero no presentaron a los autores del robo.
Había sido una devolución, quizá acordada bajo cuerda, para que alguien pueda decir que las leyes se cumplen y el robo es castigado, pero todos saben que se trató de un teatro.
Un teatro como el de la Aduana, que avisa haber capturado 789 garrafas con GLP en la frontera con Perú durante todo el año pasado. Esa cantidad de garrafas debe pasar por la frontera en media hora de cualquier día.
Pero en Huanuni todo está ahora tranquilo. Las cinco toneladas de mineral fueron devueltas a Comibol, con una sonrisa socarrona de quienes estuvieron a cargo de la comedia.
En cuanto a los chinos, pues tuvieron en los últimos días dos triunfos sobre Bolivia. El primero fue admitido por las autoridades del gobierno del MAS.
El Servicio Geológico Minero (Sergeomin) admitió que las empresas chinas tienen una “pequeña ventaja” en su relación con Bolivia cuando se refiere a la concesión de áreas de explotación. El informe fue tan escueto que no se pudo saber si se trataba de áreas de explotación de oro, algo que parece obvio.
La segunda ventaja china fue más grande. El Xinjiang TBEA Gruop- Baocheng consiguió que el gobierno del MAS le autorice a violar una disposición oficial por la cual el desarrollo de la industria del litio debe ser dentro de Bolivia y no fuera.
Pues el mencionado grupo podrá, según el acuerdo firmado por el gobierno boliviano, llevarse el mineral de litio de Coipasa y Pastos Grandes a China y fabricar allí las baterías para venderlas a todo el mundo. El gobierno del MAS había demorado ocho años en el proyecto del litio con el argumento de que estaba buscando a la empresa que acepte hacerlo todo aquí.
Parece que no es necesario rendirse ante los chinos para que lleguen inversiones a la minería: lo acaba de descubrir el gobierno de Perú, un país al que llegaron 4.497 millones de dólares en inversiones el año pasado. Sin hacer concesiones ni violar sus propias leyes.
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