Análisis del Cedla
> El saneamiento fue participativo, equitativo y transparente, además benefició a pequeños, medianos productores agropecuarios y empresarios, según informe del Gobierno en agosto de 2018
La nueva estructura agraria resultado del proceso saneamiento que llevó adelante el Gobierno oculta el hecho de que los campesinos han terminado “consolidando 14 hectáreas en promedio por familia, los indígenas y originarios 56 ha por familia unidad familiar y los empresarios 930 hectáreas en promedio por unidad productiva, señaló la publicación Tierras y Producción, a 13 años del Gobierno del MAS.
Lo señalado es una de las conclusiones más importantes del estudio que estuvo a cargo del especialista del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, (Cedla) Enrique Ormachea, quien cita trabajos realizados por la Fundación Tierra.
Ormachea refirió los datos del Censo Agropecuario 2013 que confirman –dijo- las desigualdades anotadas. “Mientras las unidades productivas agropecuarias de corte capitalista tienen en promedio 83,6 hectáreas en propiedad y usufructo, las unidades productivas campesinas tienen apenas 9,9 hectáreas”, precisó.
CALIDAD DE TIERRAS
En su criterio estas cifras “que solamente demuestran desigualdades en el acceso a la tierra” ocultan un tema muy importante relacionado con la calidad de las tierras tituladas. Las medianas y grandes empresas han consolidado sus posesiones en las tierras más aptas para el desarrollo de la agricultura y la ganadería, ubicadas mayoritariamente en las tierras bajas. Por el contrario, advirtió, las tierras distribuidas a campesinos e indígenas en las tierras bajas o son marginales o no son aptas para la producción agropecuaria, pues tienen más bien vocación forestal. Y las tierras que han consolidado los campesinos e indígenas en las tierras altas sufren generalizados procesos de degradación y están mayoritariamente parceladas como consecuencia del minifundio que impera en ellas.
GOBIERNO
Un informe del Ministerio de Desarrollo Rural, estableció que, “la estructura de tenencia de tierras en el territorio boliviano, (…), demuestra que con la implementación de las políticas de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, (…) durante 2006 al 2018, logró registrar un total de 1.029.042 títulos ejecutoriales, lo cual representa una superficie de 75.545.107 hectáreas saneadas, beneficiando a 2.142.478 habitantes, lo que significa cuarenta veces más que en el periodo anterior”.
Estos datos están consignados en la publicación Sembrando Bolivia que fue difundida en ocasión del 193 aniversario patrio en agosto de 2018.
RESULTADOS
De acuerdo a Ormachea, los resultados del proceso de saneamiento de la tierra permiten señalar que la estructura agraria del país ha sufrido, evidentemente, modificaciones importantes en favor de campesinos e indígenas, sin haber afectado los intereses de los grandes propietarios de tierras (empresarios agropecuarios y terratenientes que obtienen renta capitalista de la tierra).
TIERRAS FISCALES
“Esto ha sido posible gracias a la identificación tanto de importantes superficies de tierras fiscales en las tierras bajas del país que fueron en distribuidas fundamentalmente a pueblos indígenas, como al proceso de consolidación de los derechos de propiedad que los indígenas y campesinos obtuvieron como consecuencia de la Reforma Agraria de 1953".
Sin embargo, sostuvo, si bien los campesinos, y sobre todo los indígenas, han sido beneficiados con títulos de propiedad colectivos con superficies importantes, la tenencia de la tierra con fines productivos dentro de las comunidades es de propiedad o usufructo individual de la tierra.
LATIFUNDIO
Según el documento publicado por el Cedla, el Gobierno del MAS no solo no eliminó el latifundio, sino que tampoco alteró el proceso de extrema parcelación de la propiedad campesina en valles y altiplano, inviabilizando el desarrollo de la producción agropecuaria en estas regiones.
Defensor a ultranza de la pequeña propiedad o parcela campesina (a la que equivocada y demagógicamente considera parte integrante de la “economía comunitaria”), nunca se planteó reorganizar la producción campesina a través de nuevas relaciones de propiedad y de producción (cooperativas, empresas comunales, etc.), de modo que durante su gestión se profundizaron los procesos de pauperización de vastos sectores campesinos.
Y tampoco puso en pie la “economía plural” con empresas estatales de producción agropecuaria en rubros donde, por ejemplo, la producción es crónicamente deficitaria, como es el caso del trigo.
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