Mineros se oponen a reversión de concesiones

La Cámara Nacional de Minería anticipó ayer su desacuerdo con las amenazas de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) que advirtió que cooperativas y empresas que no presenten su solicitud de adecuación hasta este 13 de febrero perderán el derecho de regularización y el área se revertirá al dominio del Estado. El presidente de la entidad privada, Néstor Choque, dijo que como sector no está de acuerdo con la declaración del ente regulador.

Datos de la entidad refieren que el 30 por ciento del total de concesiones mineras corresponderían al sector, cuyos afiliados trabajan en los departamentos de Potosí, Oruro y La Paz, además de Uyuni y Uncía.

Según la AJAM la reversión se encuentra establecida en el artículo 186 de la Ley de Minería y Metalurgia 535. “Vamos a representar la situación y para el efecto estamos preparando un pronunciamiento”, sostuvo ayer escuetamente Choque, quien se encontraba fuera de la ciudad. La entidad estatal argumentó que la medida asumida se efectuó por segundo año consecutivo y tras varias ampliaciones de plazos.

NORMA

El artículo 186 señala: “La no presentación de solicitudes de adecuación, en el plazo establecido de acuerdo con el artículo precedente o el incumplimiento de los requisitos legales, dará lugar a la reversión de los derechos mineros a la administración del Estado, mediante resolución motivada de la AJAM”.

Sin embargo, las exconcesiones y contratos de arrendamiento otorgados con anterioridad a la Ley 535 de Minería y Metalurgia se ajustarán a los Contratos Administrativos Mineros (CAM), figura incluida en la ley minero recientemente modificada.

La AJAM, mediante su página web, advirtió que ayer, 11 de febrero, venció el plazo complementario habilitado por el Ministerio de Minería y Metalurgia para la presentación de solicitudes de adecuación correspondientes al tercer grupo, de adecuación regular para derechos mineros adquiridos a través de actos de transferencia.

PRODUCTORES

La Cámara manifestó en agosto de 2017 que el proceso de adecuación de la Ley 535 no se acomodaba a las condiciones en las cuales se desenvuelve la minería chica en Bolivia.

“Confrontamos varios problemas que obstaculizan la adecuación a la norma”, dijo a EL DIARIO, el entonces presidente de la entidad privada, Sergio Andrade.

Andrade dijo también que, en parte, algunos aspectos fueron allanados con las autoridades, pero insistió que persisten problemas relativos a la licencia ambiental por los tiempos que demanda su tramitación en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el cual demora generalmente entre tres a cuatro años.