Diputados exigen a dirigentes expliquen destino de fondos

Los diputados de la Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría y Rafael Quispe, formularon ayer nuevas denuncias, exigiendo a los dirigentes del Sindicato de Choferes 1 de Mayo explicaciones sobre los costos incurridos en la construcción de una clínica para el sector, que será próximamente inaugurada según anunció la semana pasada el representante del gremio, Rubén Sánchez.

Santamaría dijo que el extinto líder de UCS, Max Fernández, fue quien donó los equipos médicos del centro de salud anunciado por Sánchez. En tanto Quispe anticipó un proceso penal contra los dirigentes por enriquecimiento ilícito y haberse beneficiado de recursos estatales. Santamaría dijo que se conoce que Ismael Fernández otro directivo del sector a nivel nacional tiene una empresa de transporte internacional.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Oscar Coca, señaló que los recursos que recauda la entidad estatal no son públicos sino privados, y por lo tanto no pueden ser fiscalizados, mientras el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, censuró que los fondos hayan ido a parar a cuentas personales y abrió la posibilidad de solicitar una auditoría a Vías Bolivia.

Santamaría denunció la semana pasada que a través de un acuerdo con Vías Bolivia, los dirigentes del transporte departamental recibieron recursos a sus cuentas personales, entre 8 a 12 millones de bolivianos.

El dirigente Fernández, que ahora forma parte de la Confederación de Choferes, en contacto con EL DIARIO señaló que no había nada irregular en el manejo de los fondos, ya que el dinero recaudado era de los afiliados. Sin embargo, aquellos exigen un informe pormenorizado de rendición de cuentas, ya que desconocen en detalle el uso de los aportes que recibieron los dirigentes a través de Vías Bolivia.

También observaron la ratificación del contrato con Vías Bolivia, ya que en primera instancia era un acuerdo entre privados. La privada Tollsa S.A. administraba el cobro de peajes, pero cuando las recaudaciones pasaron al manos del Estado, fue Vías Bolivia la entidad responsable del convenio.

La autoridad ministerial explicó que mediante Resolución Ministerial Nº 082 del 13 de abril de 2004, durante la Gestión del expresidente Carlos D. Mesa Gisbert, a título de racionalización, redujo la tarifa de peaje al transporte liviano de público de la Federación de Choferes 1° de Mayo de Bs 1,80 a Bs 1,60.

Tanto la citada Resolución como los convenios suscritos entre la Federación de Choferes de Choferes 1º de Mayo con la Concesionaria Toll S.A. (concesionaria de cobro de peajes) en fecha 29 de agosto de 2003 se estableció el destino de lBs 0,20 en favor del sector transportista.

RETENCIONES

Coca enfatizó que Vías Bolivia es únicamente agente de retención y que periódicamente deposita el dinero recaudado a la cuenta proporcionada por el citado gremio de transporte y que generalmente las transferencias se operan con cuentas mancomunadas.

Sin embargo, Santamaría presentó documentación en la que señala que se depositaron efectivamente a cuentas personales y no mancomunadas, y que en ella figuran dirigentes del sector y no como señaló el ministro Coca.

Asimismo, Coca en su afán de justificar sus declaraciones dijo que la “Federación le paga a Vías Bolivia el 5 % por administrar este dinero, estos ingresos son destinados exclusivamente al mejoramiento de los retenes y van a la Cuenta del Tesoro General del Estado”. Santamaría expuso interrogantes sobre las mejoras realizadas en dicha infraestructura.