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Contra repostulación de Morales
> Brasil y Colombia, como países garantes de la Constitución boliviana (2008), pueden pedir intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la interpretación del artículo 23 del Pacto de San José, utilizado por el oficialismo para plantear un recurso abstracto que fue aceptado por el Tribunal Constitucional, lo que permite que el binomio masista participe en elecciones generales, obviando el resultado de un referéndum vinculante
Representantes de plataformas ciudadanas ayer anunciaron en Sucre que reunirán medio millón de firmas para solicitar a los gobiernos de Brasil y Colombia que gestionen un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la utilización del artículo 23 del Pacto de San José por el oficialismo, para legitimar la repostulación de Evo Morales, a pesar que con voto democrático se negó esta posibilidad el pasado 21 de febrero de 2016.
La comisión representante de las plataformas que defienden el 21F se reunió ayer con el secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrão, en el marco de las audiencias públicas del 171 período de sesiones de esta entidad.
Fue el mismo Abrão, quien recomendó apelar a los garantes del acuerdo constituyente (2008), Colombia y Brasil, para agilizar el procedimiento contra la reelección indefinida.
El representante de la plataforma Sos.Bolivia, Eduardo Gutiérrez, declaró que “el camino es acudir a los gobiernos de Iván Duque, en Colombia, y Jair Bolsonaro, en Brasil, para agilizar el trámite”
“Nos ha explicado el comisionado (Abrão) que a través de Brasil o Colombia podríamos ahorrar tiempo. Por eso queremos hacer el llamado a la población boliviana para comenzar de inmediato la recolección de firmas, pidiendo a Brasil y a Colombia como países garantes de la Constitución Política del Estado a través de sus jefes de Estado, gestionen la opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo.
El 171 período de sesiones de CIDH fue inaugurado el pasado lunes 11 de febrero en la ciudad de Sucre, aunque las reuniones cerradas entre comisionados se efectuaron desde el jueves 7.
Ayer también la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, a través de Amparo Carvajal, dio a conocer los casos de vulneración de derechos humanos en Bolivia con persecuciones políticas a ciudadanos, como la detención del cocalero Franclin Gutiérrez.
Hoy, la Comisión continuará recibiendo en audiencias públicas a otros grupos de la sociedad civil.
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