Invasión a Antofagasta y la cuestión marítima

La alevosa invasión chilena al puerto de Antofagasta del 14 de febrero de 1879 -comienzo de la usurpación del Departamento del Litoral-, se mantiene en la memoria del pueblo boliviano, con intensidad e insistencia inexorables y retorna a diario a agitar el espíritu nacional, con la mirada puesta en que esa injusticia será reparada, más temprano que tarde, por la buena voluntad de los pueblos del mundo y se devolverá a Bolivia su acceso a las costas del océano Pacífico y la vecindad de las naciones.

Ninguna afirmación en sentido contrario a esa posición podrá modificar la justa demanda del pueblo boliviano para recuperar lo que fue siempre de él y que le fue arrebatado por una usurpación pérfida e injustificable. Esa indeclinable decisión reivindicatoria deberá cumplirse, pese a opiniones de algunos organismos internacionales, pese a la lenidad de ciertos mecanismos de tipo oficial, más interesados en políticas de campanario, que luchar por los sagrados intereses nacionales.

En forma lamentable, al presente se registra una indiferencia rayana en el olvido en relación con la cuestión marítima, por parte de algunas esferas estatales que tienen la responsabilidad de encarar el problema e inclusive olvidan su obligación de resolver el magno asunto de la reivindicación marítima, hecho todavía más patente como efecto de la última decisión jurídica de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que consideró que el país del Mapocho no tiene obligación de proceder a una negociación para por fin tratar los temas pendientes con Bolivia.

Al respecto, el primer mandatario aseguró en conferencia de prensa, realizada el 2 de octubre del año pasado, que veía que la CIJ “no haga respetar derechos ni haga justicia con los pueblos”, para anunciar, enseguida, “seguir dialogando” y que realizaría una reunión con los expresidentes “para una evaluación, para evaluar párrafo por párrafo este informe” de la CIJ. También aseguró: “hemos decidido pedir a Diremar que haga una profunda investigación de los daños económicos después de la invasión”.

Sin embargo, esos y otros ofrecimientos al parecer cayeron en saco roto; no se hace gestiones para reanudar el diálogo sugerido por la CIJ, ni se tiene noticia de haber enviado una carta personal a ese tribunal internacional “demostrando las contradicciones de las partes considerativas de su sentencia”.

Dejando aparentemente de lado asunto tan capital, el gobierno ha dirigido su principal atención a desviar el comercio nacional hacia Ilo, al Tren bioceánico, habilitar Puerto Busch, etc., proyectos que a medida que pasa el tiempo se pierden en campañas para la re-repostulación de la papeleta electoral Evo-Álvaro para las elecciones de fin de año, prurito de demostrar que el voto del pueblo soberano en el referéndum del 21 de febrero de 2016 no tiene valor, etc.