Choque tiene sentencia ejecutoriada pendiente

Sergio Simón Choque, diputado uninominal del Movimiento al Socialismo - MAS, por la circunscripción 12 de El Alto, advirtió con un proceso disciplinario ante el Consejo de la Magistratura contra el juez Sexto de Familia, Alberto Zeballos, por haber admitido un recurso presentado por las plataformas ciudadanas para revertir la habilitación del binomio oficialista que hizo el Tribunal Supremo Electoral - TSE, sin tomar en cuenta el carácter vinculante del resultado del referendo de 2016.

“Cuando sale una sentencia constitucional es cosa juzgada, no se puede volver a tocar y es inapelable. Entonces, por esa situación tendremos que iniciar un proceso administrativo al juez que admitió, porque tal vez el señor no conoce la normativa del país, habría que ilustrarle un poco”, declaró el domingo a Erbol el jefe departamental de la bancada oficialista.

Ayer, Eduardo León recordó que el diputado del MAS tiene una sentencia ejecutoriada pendiente por los delitos de falsedad material, que le siguió y logró el municipio alteño desde el año 2000.

León, quien asesoró a la Alcaldía de El Alto hasta 2005, explicó que Choque “cambió su nombre” para habilitarse a la candidatura en las anteriores elecciones generales, intercalando su nombre Simón Sergio por Sergio Simón.

Con ello, remarcó León en el programa AM de Fides, Choque evitó ser registrado en las listas de antecedentes del Registro Judicial de Antecedentes Penales - Rejap.

La sentencia ejecutoriada de 2004, emitida por el Juzgado Cuarto de Sentencia en lo Penal de El Alto, dictó culpabilidad de Choque por falsedad material, uso de instrumento falsificado y estafa, entre otros. El fallo fue emitido en rebeldía contra Simón Sergio Choque, ahora Sergio Simón, a cumplirse en el penal de San Pedro, hecho que no se ejecutó hasta la fecha.

Durante la etapa electoral de 2014, el sindicado hizo su descargo en declaraciones a ANF, negando los cargos y atribuyendo esas denuncias a una campaña de desprestigio de la oposición y su entonces rival de Unidad Demócrata - UD, por el curul alteño.

“Si fuese así yo no estaría en campaña, no hubiese aprobado el Tribunal Supremo Electoral que es la máxima instancia que revisa estos procesos. Lo único que yo sé es que es una campaña sucia de la señora Karina Carvajal. Yo soy un hombre de ley, un hombre de derecho”, citaba Choque.

Sobre la amenaza del ahora diputado oficialista al juez de Santa Cruz, el vicepresidente del Colegio de Abogados de ese departamento, Félix Oros, lamentó la injerencia directa que hace el partido gubernamental en decisiones judiciales.

El ente colegiado reunido en la capital oriental, reprochó las amenazas del MAS y recordó que la independencia de poderes está establecida en la Constitución Política del Estado. Aclararon a Choque, además, que una admisión es solo un paso procesal que no entra al fondo del caso ni significa un fallo en sí.

Desde el Gobierno central, el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, a través de su cuenta de Twitter, desautorizó las “amenazas” de Choque y negó que se vayan a tomar represalias contra el juez cruceño.

“No se tomará ninguna acción contra el juez Alberto Zeballos. Las declaraciones del diputado Sergio Choque no representan la posición del partido ni del gobierno”, escribió el funcionario.

La Acción de Cumplimiento fue activada por las plataformas ciudadanas mediante sus abogados para exigir el respeto al resultado del referendo del 21 de febrero de 2016 que negó la modificación del artículo 168 del texto constitucional que limita la reelección presidencial a dos veces de manera continua.

El MAS apeló al Tribunal Constitucional Plurinacional en noviembre de 2017 para interpretar que los derechos políticos establecidos en el Pacto de San José de Costa Rica, son “derechos humanos” y por tanto, de “aplicación preferente” por encima de las restricciones para la reelección de funcionarios estatales que señala la CPE y la Ley de Régimen Electoral.

Ya en horas de la tarde, se conoció la nueva determinación del juez Zeballos, quien ahora declaró improcedente la acción presentada por las plataformas ciudadanas.