Incendio de Alcaldía aún no se esclareció

Padres de familia habían activado una marcha hacia la Alcaldía de El Alto en la avenida 6 de Marzo y cruce a Viacha, era un miércoles por la mañana, pidiendo mayor presupuesto para la atención de las unidades educativas de los 14 distritos. Nadie previó el saldo fatal que hasta hoy no fue esclarecido y que continúa cobrando vidas.

El 17 de febrero de 2016, a cuatro días del referendo constitucional por el artículo 168, El Alto se vestía de luto nuevamente, con la noticia de seis funcionarios ediles muertos por asfixia tras inhalar monóxido de carbono provocado por el fuego que la turba inició desde la planta baja del edificio municipal.

La Policía había tardado tres horas en responder al pedido de ayuda de la alcaldesa Soledad Chapetón, pese a tener un módulo a un par de cuadras del lugar. Otro motivo de la inacción policial fue el desplazamiento que se había hecho hacia el sector Faro Murillo, donde el mandatario Evo Morales tenía un acto y aprovechaba para hacer campaña por su pretensión a la reelección indefinida.

La Federación de Padres de Familia de El Alto - Fedepaf había alertado las movilizaciones y el Concejo Municipal aprobaba un presupuesto adicional de Bs 2 millones para la gestión, pero aquello no detuvo la marcha. La Federación de Juntas Vecinales - Fejuve y la Federación de Gremialistas, encabezada esta última por Braulio Rocha, se sumaron a la medida de protesta para tratar de atacar a Chapetón.

“Un día como hoy, masistas atacaron la Alcaldía alteña, quemaron el edificio y asesinaron a seis de nuestros compañeros a quienes recordamos con cariño y tristeza; seguimos esperando justicia en contra de quienes cometieron semejantes actos criminales. La justicia tarda pero llega”, recordó recientemente, el diputado Wilson Santamaría, atribuyendo el atentado al oficialismo.

La turba había llegado al edificio pasadas las 10 de la mañana y grupos de “infiltrados”, que nunca fueron identificados por completo, comenzaron a saquear la planta baja, a lanzar y quemar documentos hasta del tercer piso, sobre todo de la Unidad de Transparencia.

Chapetón había señalado a afines al MAS y al exalcalde Edgar Patana, sobre quien pesaban investigaciones por actos de corrupción que un año después derivó en una sentencia de cuatro años, pues se logró evidenciar la presencia de asesores masistas, gracias a las imágenes de los medios de comunicación.

En tanto, el entonces viceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío, salía a denunciar un “autoatentado” y luego culpaba “a la derecha y el Imperio” por los seis muertos.

El funcionario fue filmado a una cuadra de los hechos definiendo la línea discursiva, retrocediendo en su primera declaración, para decir luego que “hubo provocación” de grupos de choque del partido de Chapetón, Unidad Nacional. Ninguna de esas versiones fue creíble ante la opinión pública.

Elío, que sería reemplazado por Rodolfo Illanes, tuvo que renunciar, pero fue reubicado en noviembre de ese año en la Dirección Contra la Trata y Tráfico de Personas. Su sucesor sería linchado y asesinado en agosto en el conflicto minero.

El pasado domingo, familiares y colegas de los seis fallecidos de El Alto llegaron al lugar de la tragedia para dejar unas flores y elevar una oración por sus seres queridos.

Juan Laura Calliconde, Javier Mollericona, José Rodrigo Ortiz, Ana María Apaza, Gloria Magaly Calle y Rosmery Mamani fueron los seis mártires de la Alcaldía quemada.

Versiones posteriores, de funcionarios ediles a los periodistas Andrés Gómez y Amalia Pando, afirmaban que al menos Laura y dos mujeres no perdieron la vida por asfixia por el humo sino por golpes en la cabeza ocasionados por sujetos que se mimetizaron en la turba y que responderían a Rocha, el dirigente que estaba siendo fiscalizado por 150 ítems fantasmas que logró mediante pactos y presiones con las anteriores gestiones municipales.

Para la directora jurídica del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto - Gamea, Sonia Vallejos, en declaraciones una semana después de la tragedia, la autoría de Rocha fue evidente, pues se lo vio instigando a la violencia a unas cuadras del lugar. El día 20, Rocha y el dirigente gremial aliado al MAS, Wilmer Sarzuri eran enviados en detención preventiva al penal de San Pedro.

El 5 de septiembre de 2018, Braulio Rocha lograba la detención domiciliaria, pero 24 horas después tuvo que volver a la celda al no pagar los Bs 50 mil de fianza que el Tribunal Cuarto de Sentencia le había condicionado, en un juicio que no termina de concretarse.

El pasado domingo, Chapetón guardó silencio y no se manifestó sobre el caso, algo que fue reprochado en las redes sociales, como sucedió el 6 de diciembre pasado, cuando fallecía Rosa Caba, la guardia municipal que socorrió a los heridos en la quema de la Alcaldía.

Caba murió por cáncer en los pulmones, que sus familiares aseguran fueron deteriorados por haber inhalado el mismo monóxido de carbono esa fatídica fecha. La guardia fue una víctima colateral de los sucesos que también dejaron 18 heridos aquel febrero negro de 2016 en El Alto. (VisorBolivia)