Gran concentración el 21F

Según la doctrina constitucional, la Constitución tiene dos pilares fundamentales: 1) Es garantista de los Derechos Humanos. Evo Morales tiene la obligación de garantizar todos los derechos establecidos en la Norma Suprema, a los mandantes que le dieron su confianza. 2) Administra el Estado. Limita su accionar, como se establece en el Art. 172: “El presidente debe cumplir y hacer cumplir la Constitución”, en caso contrario se convierte en dictador, porque NO cumple el mandato que recibió en el momento de tomar posesión de su cargo y puede ser sujeto a juicio de responsabilidades por incumplimiento de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución.

El 21 de febrero de 2019 se cumple 3 años del triunfo del Soberano en la consulta sobre reforma del Art. 168 de la Norma Suprema, en la que el pueblo dijo NO a que Evo Morales pueda ser reelecto. Sin embargo, con abuso de autoridad el Ejecutivo hizo caso omiso del referéndum y obligó a los integrantes del Tribunal Constitucional Plurinacional a emitir la Resolución 084/2017, modificar la Constitución para permitir la reelección del gobernante, en franca violación a la norma suprema.

Igualmente se procedió con los vocales del Tribunal Supremo Electoral, que admitieron al binomio Evo Morales y Álvaro García para las elecciones de 2019, medida considerada como ilegal e ilegítima, porque esos tribunos están violando la Constitución y pueden ser sujetos de juicio de responsabilidades por incumplimiento de funciones, resoluciones contrarias a la Constitución y prevaricato.

La realización de las primarias fue una farsa, solo sirvió para homologar al caudillo que piensa que dio “mazazo a los opositores”. Pero la realidad es que sus propios militantes le dieron su mazazo, pues ni su militancia obligada a registrarse bajo pena de perder su puesto, que llegaba a “991.000”, le dio su apoyo, porque no era elección, no hubo competidores, sino se quería ratificar lo que decidieron en la cúpula oficialista. Pero el oficialismo solo obtuvo 300.000 votos en boca de urna, cantidad que representa el 30%, y luego fue incrementado otros 15%, hasta llegar al 45% con maniobras de llenado de papeletas en las mesas electorales, como se vio en videos que fueron públicos.

Esto pone en evidencia la ruptura con su militancia real, pues no logró más del 50%, pero ese capricho de sultán tuvo un costo de Bs. 27 millones, por lo tanto los legisladores deben cumplir su función de fiscalizar al Tribunal Supremo Electoral por incumplimiento de funciones, resoluciones contrarias a la Constitución y especialmente daño económico al Estado.

Ante estos hechos que van contra la democracia, lograda por cuatro mujeres mineras, y hoy secuestrada por el gobierno autoritario, las Plataformas organizadas, la sociedad civil de mujeres, jóvenes, juntas vecinales, trabajadores, indígenas, y pueblo en general, hacen campaña puerta a puerta para concientizar y exigir al gobierno respeto a la Constitución y el VOTO del pueblo del 21F. Por ello habrá una Gran concentración en la plaza San Francisco mañana 21 de febrero, porque no podemos ser cómplices de la corrupción institucionalizada en el Estado, en los 13 años del oficialismo. Bolivia cayó 20 puestos en la percepción sobre corrupción, pasando del puesto 112 en 2017 a 132 en 2018, según reporte del Índice de Percepción de Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional.

Dicho mal no solo tiene como efecto el despojo de recursos a los más vulnerables, también socaba la justicia y el desarrollo económico y, por supuesto, destruye la confianza pública en el Gobierno, nacional, departamental y local y lo peor es que mantiene la impunidad, porque el Órgano Judicial está subordinado al ejecutivo, no sanciona a los culpables, como en los casos: CAMC, Fondo Indígena, Desfalco en el Banco de la Unión, Barcazas Chinas, Depósito en cuentas particulares de los dirigentes de los choferes y una larga lista de asalto a las arcas del Estado. La ciudadanía, haciendo uso de su derecho de libertad de expresión, dice no MAS corrupción, no MAS persecución, no MAS narcotráfico, no MAS violencia, no MAS despilfarro, no MAS injusticia.

La autora es Economista – Abogada

Constitucionalista.