Exministra irá a juicio por crisis del agua

La exministra de Medioambiente y Agua (MMAyA), Alexandra Moreira, y las exautoridades de Fiscalización de Agua Potable y Saneamiento (AAPS), Benecio Quispe, y el exinterventor Rudy Rojas, serán sometidos a juicio oral luego de que el Ministerio Público formalizara sus acusaciones con cargos por delito de incumplimiento de deberes y atentado contra el acceso al servicio público de agua potable, afirmó ayer el abogado Marco Ramos.

Anunció que su defensa legal de defensa de Rojas se va a concentrar en la administración de la empresa proveedora de agua potable a la ciudad de La Paz y parte de la región metropolitana que desde antes de su llegada al cargo estuvo a cargo de funcionario empíricos, “con pobre o escasa formación idónea en el manejo de un servicio tan sensible como es el agua, más aún cuando se trata de la empresa de agua más grande del país”, refirió.

“Dentro la defensa legal nuestra vamos a evidenciar cómo se ha efectuado la contratación de personal empírico, hecho que no puede atribuirse a mi cliente que estuvo solo tres meses en el cargo. A mi cliente lo acusan de atentar contra los servicios públicos, a qué atentados se refieren y qué acciones preventivas pudo tomar en ese corto tiempo. Está claro que el personal que debía ser contratado debe ser experto y por designar personal inadecuado al frente de este servicio la ciudad de La Paz enfrentó tan severa crisis de agua”, apuntó el jurista.

Con relación a los cargos contra Moreira, exministra del MMAyA y la exautoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), Benecio Quispe, Ramos afirmó que los cargos corresponden porque se trata de exfuncionarios públicos, pero en el caso Rudy Rojas, al igual que el exinterventor Hugo Gómez, no se ajustan a la figura legal porque no son funcionarios públicos.

“La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas S.A.) no es empresa pública, por tanto mal se puede acusar a mi cliente por cargos propios de la función pública”, refirió.

Explicó en el marco de las investigaciones para la defensa técnica de su clientes, evidenciará que “varios altos funcionarios de Epsas, como Iván Sarmiento Bozo quien fungía como exgerente de Operaciones lamentablemente no tenían título profesional exigido para el cargo”.

En este mismo sentido, Ramos señaló que el actual interventor de Epsas, Marcel Humberto Claure, pareciera que tampoco cuenta con título profesional de Ingeniero, “en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia su registro académico señala que hubiera estudiado tres años en el Instituto Tecnológico de Monterrey, México, pero no registra en ninguna convalidación académica para la obtención de licenciatura que certifique suficiencia académica”.

De igual forma se refirió a Diego Contreras, quien durante la denominada crisis del agua cumplía funciones de Gerente Técnico, obtuvo su título recién el 2010. “Esto nos hace ver que el tema del agua está en manos de personas que no han tenido la suficiente formación. El tema del agua debe ser manejado por profesionales expertos”, remarcó.

Otro aspecto referido por Ramos, para la defensa de su cliente tiene que ver con la situación jurídica y actual condición de empresa privada de Epsas, y cuya responsabilidad de ser nacionalizada es incumplida desde el entonces ministro del área Abel Mamani hasta el actual titular de esa cartera, René Ortuño. “Hasta la fecha ninguna de las exautoridades ni la actual han cumplido con el mandato constitucional de adecuar el recurso del a gua a propiedad del Estado”, apuntó.

“Epsas continúa siendo empresa privada, está vigente el contrato suscrito con Aguas del Illimani S.A. (Aisa) continúa en concesión de Fideicomiso, continúan operando con manuales de procedimiento y de contratación de Aguas del Illimani”, remarcó .

Recordó que durante la denominada crisis del agua, los vecinos de la zona Sur de La Paz organizados, el senador Yerko Núñez además de otros afectados también denuncian al actual interventor Marecel Humberto Claure y a la actual autoridad de la AAPS, Víctor Rico, por no haber cumplido sus funciones cuando debieron desarrollar acciones preventivas durante una gestión anterior a la presente, pero “por manipulación política estos procesos fueron rechazados”.

“Víctor Rico ha estado en la institución desde 2007 hasta el 2012 y no han logrado hacer proyectos preventivos”, ratificó la defensa legal del exinterventor Rudy Rojas.