Por otra parte, la organización Foro Penal Venezolano ha señalado que se produjo el arresto de 137 menores en todo el país entre el 21 y el 31 de enero. Amnistía ha conseguido documentar la detención arbitraria de seis personas, cuatro de ellas adolescentes que participaron o se encontraban en las inmediaciones de una protesta el 23 de enero en San Felipe.
Los detenidos han contado a la ONG que fueron golpeados e insultados durante el arresto y que les expusieron a sustancias irritantes y a privación del sueño, además de amenazarles de muerte. "Detener arbitrariamente a más de un centenar de adolescentes y someterlos a tratos crueles, que en ocasiones pudieron haber constituido tortura, pone en evidencia cuán lejos están dispuestas a llegar las autoridades en su intento desesperado de limitar la protesta e intentar someter a la población", ha subrayado Guevara Rosas.
En el caso de los cuatro adolescentes, se les acusó de delitos que en virtud de la legislación venezolana no conllevan el arresto de menores de edad y permanecieron recluidos durante ocho días por orden judicial. Una de las juezas a cargo de tres de los casos reconoció públicamente que le habían ordenado mantenerlos privados de libertad pese a que no había fundamento legal, tras lo cual, fue apartada del cargo y abandonó el país, según Amnistía.
Así las cosas, la ONG ha llamado a las autoridades venezolanas a desarticular la política de represión que se ha consolidado en el país en los últimos años y a cumplir con su obligación de garantizar justicia, verdad y reparación para las víctimas de violaciones de Derechos Humanos o crímenes de Derecho Internacional. Según Guevara Rosas, "las pocas personas que vencen el miedo y denuncian se encuentran indefensas y en riesgo ante la falta de respuesta de las autoridades".