Para Brasil y Colombia
El referéndum del 21 de febrero de 2016 cumplió tres años este jueves, en medio de la politización y electoralización que vive el país. En ese marco, las plataformas ciudadanas comenzaron la recolección de firmas para pedir que los presidentes de Brasil y Colombia activen una opinión consultiva internacional como garantes de la Constitución Política del Estado.
“Oficialmente damos inicio a la recolección de firmas para pedirle a los países garantes de la CPE, Brasil y Colombia, soliciten a la Corte IDH la opinión consultiva respecto a la interpretación del Art. 23 del Pacto de San José y si este habilita la reelección indefinida”, expuso Eduardo Gutiérrez, representante de SOS Bolivia, según el portal digital de Visor Bolivia.
Masivas movilizaciones en los nueve departamentos marcaron la jornada del 21F, que recuerda el referendo constitucional que negó la modificación del artículo 168 de la CPE, que estipula la reelección presidencial “por una sola vez de manera continua”.
Comités cívicos, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia – Conade, sector médico, productores de coca de Yungas, microempresarios, maestros y demás sectores llenaron las plazas centrales, en especial la 24 de Septiembre de Santa Cruz y San Francisco de La Paz.
Las manifestaciones reiteraron el rechazo a la habilitación del binomio oficialista de Evo Morales y Alvaro Garcia para las elecciones generales de octubre, arguyendo la sentencia 084/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional que interpretó el Pacto de San José de Costa Rica para declarar como “preferentes” los derechos políticos a favor de los funcionarios electos por voto.
Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, que sesionó la anterior semana en Sucre en su 171 Periodo de Sesiones, escuchó el reclamo de la sociedad civil organizada, pero sobre todo las plataformas ciudadanas y, a través de su secretario ejecutivo Paulo Abrao, se sugirió activar el mecanismo de opinión consultiva.
Una opinión consultiva se presenta a través de los jefes de Estado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, intérprete del Pacto de San José de Costa Rica, y puede tener efecto en los países con la aplicación de medidas cautelares para salvaguardar el sistema democrático.
Este 21 de febrero, las plataformas ciudadanas, en conferencia de prensa en Santa Cruz, comenzaron la recolección de firmas para pedir que los garantes de la CPE de Bolivia, asignados previamente a los presidentes de Brasil y Colombia, hagan el pedido a esa instancia internacional.
En ese marco, Jair Bolsonaro e Iván Duque son los presidentes que podrán acudir a la Corte dependiente de la Organización de Estados Americanos – OEA para que tener un pronunciamiento sobre el caso Bolivia antes de octubre.
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