Detención preventiva para implicados en caso Odebrecht

El juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Nº 4 de La Paz determinó ayer detención preventiva en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz para Luis Humberto L.P. y Roberto S.R., por presuntas vinculaciones en hechos irregulares del caso Lava Jato-Odebrecht. La Fiscalía no sustentó la procedencia de los depósitos bancarios a cuentas de los sindicados.

“Se ha determinado la detención preventiva para las dos personas en Palmasola, puesto que la señora juez ha encontrado la concurrencia tanto de los riesgos procesales de fuga y obstaculización y probabilidad de autoría”, dijo la fiscal del caso, Edna Montoya.

El abogado Ernesto Vásquez, parte de la defensa legal de ambos sindicados, manifestó que el Ministerio Público no pudo sustentar que sus clientes hayan recibido dinero de empresas catalogadas “off shore” de Odebrecht y Camargo Correa. Solo se basó en el informe que entregó la Asamblea Legislativa, que además es una copia de la investigación que hizo la Policía Federal del Brasil.

Luis Humberto Landívar fue imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas, para Saavedra Rengifo se consideró los tipos penales de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al estado y legitimación de ganancias ilícitas. En las próximas horas ambos aprehendidos serán trasladados a la ciudad de Santa Cruz.

Antes del inicio de la audiencia de medidas cautelares la defensa presentó tres incidentes, la aprehensión ilegal de ambas personas que fueron trasladas a La Paz de forma intempestiva, nulidad de imputación por vulneración de sus derechos y nulidad de sus declaraciones. Empero estas fueron rechazadas por la autoridad jurisdiccional.

INVESTIGACIÓN

Audalia Zurita, abogada de los sindicados, ratificó que Saavedra Rengifo fue vinculado en este caso, a pesar de que en el informe de la Asamblea Legislativa no figura su nombre, porque en el 2006 recibió en su cuenta la suma de $us 100 mil debido a un pago que hizo Roberto Saavedra Bruno, entonces vicepresidente y accionista del Banco Nacional de Bolivia (BNB). Este dinero fue desembolsado por instrucciones de Marcela Bruno de Kempff a BNB-SAFI.

La imputación formal que presentó la Fiscalía estableció que el dinero de la empresa brasileña Camargo Correa llegó a la cuenta de la señora Bruno de Kempff, además de mencionar a otras empresas, American Express Bank, Trend Bank Limited y Performanced Managed International American Express Bank NY. El informe establece que el 30 de enero de 2006 se hizo la transferencia a la cuenta del sindicado $us 50 mil.

El informe también señala otro depósito bancario a la cuenta del sindicado por $us 50 mil, cuyo dinero proviene de Raquel Brichcy de Saavedra, que se trasfiere a través de una cuenta SAFI. Existen depósitos de empresas del exterior “offshore” como Multicredit Bank, Baltic Control y Performanced Managed International American Express Bank NY.

La jurista aseguró que su cliente no conocía que estos recursos que le fueron devueltos procedían de esas cuentas, ya que se le entregaron dos cheques girados por la gerencia del BNB, del cual existe un informe presentado por la misma entidad bancaria.

En el caso de Luis Humberto Landívar, exgerente de Construcción del extinto Servicio Nacional de Caminos (SNC), la Fiscalía aseguró que hay suficientes indicios para sostener que recibió pagos de Odebrecht porque era responsable de elaborar y modificar los pliegos de licitación.

La imputación establece que al ser vocal técnico de la comisión que calificó las adjudicaciones de dos proyectos: Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción, firmó los contratos respectivos el 2005 se benefició con el depósito de coimas en su cuenta por la suscripción de ambos proyectos.

Zurita declaró que habría recibido un dinero en su cuenta un año después que dejó el cargo, aseguró que Landívar estaba trabajando con otras empresas vinculadas al rubro de la construcción, el monto que recibió fue de $us 36 mil y que fueron obtenidos de forma lícita.

PRESIÓN POLÍTICA

Vásquez cuestionó que la juez haya permitido que los abogados de la Asamblea Legislativa y de la Vicepresidencia hayan tomado la palabra en la audiencia sin que sean parte demandante en el proceso. Advirtió que la presencia de estos funcionarios públicos fue para presionar a la autoridad jurisdiccional para que emita un fallo contra sus clientes.

“Todo esto ha sido una valoración subjetiva armada. Había una detención desde el principio casi planificada porque dejaron participar a la Asamblea Legislativa y a la vicepresidencia como si fueran parte del proceso, cuando ni siquiera han presentado una querella en el proceso penal”, remarcó el jurista.