Propuesta del Sistema Boliviano de Salud

Ante la criticada y apresurada propuesta gubernamental del Seguro Universal de Salud (SUS), ahora legalizado por una ley “parche” a otras normas anteriores, el Colegio Médico de Bolivia, a través del Colegio Médico Departamental de La Paz, ha hecho conocer su propuesta denominada “Sistema Boliviano de Salud”, que en acto especial fue entregado a las organizaciones de la sociedad civil.

Este documento fue elaborado por profesionales de mucha experiencia en la problemática de la salud pública, entre ellos varios ex ministros del área y profesionales de ramas económicas. La propuesta de salud debe ser universal, autónoma, integrada, descentralizada y gratuita, con activa participación social, se desarrollaría en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno. Hace una diferencia con la propuesta gubernamental de ser: estatizadora, centralizada, partidizada, clientelar electoralista, impuesta y punitiva totalitaria.

La propuesta, partiendo de la demanda de salud, toma en cuenta el crecimiento demográfico, la vivienda y servicios básicos, las estadísticas sobre enfermedades y su atención, las tasas de mortalidad y morbilidad, prevalencia de enfermedades, etc. Hace también un análisis de la atención en salud, en los niveles de la atención pública, la seguridad social y la atención privada, así como el número de establecimientos de salud en el país.

En su organización se propone la creación de consejos para la rectoría de la salud, a nivel nacional, departamental, municipal y provincial. Entre estos consejos debe estar la representación de todas las instancias que tienen que ver con la salud, debe haber una integración vertical y horizontal. En cada nivel el objetivo es planificar el servicio de salud, y cada cuatro años debe realizarse una conferencia nacional de salud.

En relación con la atención, debe partir del individuo, la familia y la comunidad, desde la prevención hasta la recuperación.

El estudio ha tomado en cuenta que el promedio de vida en Bolivia es de 67.9 años, más bajo que en el resto del mundo, con excepción de los países más pobres de África; la tasa de crecimiento del PIB que en 2016 llegó a 4.26%, y el gasto en salud de 6.1% del PIB; el presupuesto general del Estado que el pasado año fue de 284.436 millones de bolivianos; la inversión pública que en promedio estuvo en 4.600 millones de bolivianos; la deuda externa que en 2006 era de 3.248 millones de $us, en 2017 llegó a 9.428 millones de $us, y la deuda interna que está en 33.483 millones de Bs; los ingresos en hidrocarburos, que en 20l4 llegaron a 15.600 millones de Bs, y bajaron en 20l7 a 5.730 millones de Bs, para rematar en los gastos públicos que entre 2017 y 2918 llegaron a 21.240 millones de $us (50% del PIB), siendo el gasto en las empresas públicas el mayor con 76.771 millones de Bs. Y en general, de gasto público en 2017-20l8 de 214.640 millones de Bs.

Un cuadro comparativo nos lleva a que a las empresas públicas se destinó el 36.2% del presupuesto del Estado (la mayoría no redituables), a la seguridad social el 4.3%, a la administración central el 28.1%, de ese porcentaje a la salud y deportes se destinó un promedio de 245 millones de $us (1.700 millones de Bs, ejecutados por el Ministerio de Salud).

En cuanto a la Seguridad Social, en el año 2016 estaban aseguradas 1.546,745 personas, que aportaron 2.799.91 Bs, per cápita, con un total de aportes (patronal y laboral) de 4.330.745.578 (millones de Bs). En resumen, entre asegurados y beneficiarios la seguridad social atiende alrededor de 4 millones de individuos, con 1.600 millones de $us, es decir un promedio de 400 $us por individuo.

La propuesta del gobierno de incorporar alrededor de 5 millones de individuos al Seguro Universal, con 200 millones de $us, importa que por individuo se destinará apenas 40 $us, lo que importa que para el Seguro Universal el gobierno debería destinar 625 $us, por cada nuevo asegurado.

Para financiar el seguro de salud propuesto por el Colegio Médico, se debería cobrar un impuesto a la producción de la hoja de coca, aumentar el de las bebidas y tabacos, reducir el gasto corriente del gobierno (sólo en propaganda se gasta un promedio de 75 millones de $us, el año electoral de 20l4 se gastó 150 millones), rebaja del gasto en adquisición (según BID la ineficiencia del gasto es de 6.3 del PIB), disminución del gasto en burocracia, que en la actual gestión se duplicó el número de empleados.

En conclusión, el derecho a la salud, que establece la Constitución Política, será posible sobre bases técnicas y no de interés electoral.

El autor ha sido asesor del Ministerio de Salud y técnico del Instituto de Seguridad Social.